El Defensor del Pueblo ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica que modifica los límites del Parque Regional de Sierra Espuña, una reforma impulsada en la Asamblea Regional para excluir del espacio protegido el paraje de La Santa de Totana y un tramo de la carretera RM-502.

La decisión responde a la solicitud presentada el pasado 3 de mayo por Ecologistas en Acción, que había pedido al alto comisionado de las Cortes Generales que recurriera la norma al considerar que suponía una pérdida injustificada de protección ambiental.

Según ha informado la organización ecologista, la resolución del Defensor del Pueblo, fechada el 5 de junio, fundamenta la impugnación en el posible incumplimiento de la legislación básica estatal en materia de medio ambiente. El recurso se dirige contra el artículo único de la Ley 1/2026, aprobada por la Asamblea Regional el pasado 19 de febrero mediante el procedimiento de urgencia y lectura única.

La reforma había sido promovida por PP y Vox con el objetivo de sacar del perímetro protegido la zona recreativa y monumental de La Santa, así como la carretera RM-502 y su franja de afección, para eliminar trabas administrativas vinculadas a la celebración de la romería local.

Una modificación cuestionada

Ecologistas en Acción sostiene que la exclusión de estos terrenos contradice el dictamen emitido por los propios Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional, que ya advirtieron de la falta de estudios científicos o justificaciones ambientales que avalaran la pérdida de protección.

La organización recuerda que la legislación básica estatal exige que cualquier modificación de los límites de un espacio natural protegido esté justificada por cambios acreditados en la evolución natural del entorno. A su juicio, la reforma no cumple ese requisito y vulnera el principio de no regresión ambiental, que impide rebajar la protección de un espacio natural sin una motivación objetiva suficiente.

El escrito del Defensor del Pueblo apunta también a una posible vulneración indirecta de las competencias estatales en materia de medio ambiente y señala que no existe una interpretación alternativa que permita evitar la contradicción entre la norma autonómica y la legislación estatal de rango superior.

Pendientes del Constitucional

Tras la interposición del recurso, Ecologistas en Acción ha reclamado al Gobierno regional que se abstenga de autorizar actividades en la zona afectada hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

En concreto, la organización ha advertido sobre la posible celebración del Rally de Totana en el entorno excluido por la reforma y ha pedido que no se concedan autorizaciones mientras exista incertidumbre jurídica sobre la validez de la modificación.

Además, el colectivo ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía contra los portavoces de PP y Vox por un presunto delito de prevaricación, al considerar que impulsaron la tramitación urgente de la reforma pese a las advertencias de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional.