Hay aprendizajes que deberían llegar muy pronto en la vida, casi al mismo tiempo que aprender a leer o a sumar: aprender a gestionar conflictos. Porque, aunque intentemos esquivarlos, el conflicto está en todas partes: en la pareja, en la familia, en el trabajo, en la comunidad de vecinos, en la política y también dentro de cada uno. Después de escuchar a Carlota Pallàs, pedagoga y conflictóloga, en una entrevista que le he hecho, una idea se queda pegada: el conflicto no es el enemigo, es el aviso. Es la señal de que algo no está funcionando, de que una necesidad no está siendo atendida, de que falta un límite o de que hemos aplazado demasiadas conversaciones importantes. Esa mirada entronca con la tradición de la conflictología que han desarrollado autores como Eduard Vinyamata, para quien el conflicto es parte estructural de la vida social y la paz no puede reducirse a “ausencia de pelea”, sino a un proceso que exige método, escucha y transformación.

El problema es que casi nadie nos ha enseñado a hacer algo constructivo con ese aviso. Hemos aprendido a discutir, a callar, a tragarnos lo que duele, a explotar o a huir, pero no a mirar el conflicto con un mínimo de calma. No nos han enseñado a preguntarnos qué hay debajo de una bronca aparentemente tonta. No nos han entrenado para escuchar sin preparar el contraataque, ni para diferenciar entre lo que se dice y lo que de verdad duele. Y las cifras muestran que esto no es un detalle menor. Según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se registraron ese año 86.595 disoluciones matrimoniales, de las que 82.991 fueron divorcios, un 8,2% más que el año anterior. Varios medios resumieron estos datos destacando el repunte tras dos años de descensos. No hablamos de parejas que explotan de repente, sino de años de desgaste, silencios y heridas sin tratar.

Si miramos a los juzgados, el panorama tampoco invita al optimismo. El Consejo General del Poder Judicial ha situado la tasa de litigiosidad en el conjunto de España en 160,41 asuntos por cada 1.000 habitantes en 2024, según los datos difundidos y recogidos por diversos análisis sobre actividad judicial. En comunidades como la Región de Murcia, esa tasa llegó a 162,29 asuntos por cada 1.000 habitantes y los órganos judiciales ingresaron 254.555 nuevos asuntos en un solo año, un 16,1% más que en 2023, de acuerdo con la información publicada por Europa Press a partir de estadísticas oficiales del TSJ murciano y del CGPJ. Detrás de esos números hay despidos, conflictos familiares, deudas, problemas de convivencia, empresas enfrentadas y mucha gente exhausta. En este contexto, la gestión de conflictos no es un lujo ni una destreza para especialistas: es una forma básica de higiene democrática, familiar, laboral y emocional.

Carlota Pallàs lo condensa en una frase que desarma: “No trabajo para salvar relaciones ni para romperlas: trabajo para que la decisión sea consciente”. Esa idea sirve para una pareja, para un vínculo laboral o para un conflicto de comunidad. No siempre se trata de reconciliarse. A veces resolver implica reparar y seguir; otras, tomar distancia; otras, poner un límite que nunca se puso; y, en ocasiones, aceptar que una etapa ha terminado. Lo importante es no decidir desde el agotamiento, el miedo o la rabia, sino desde un mínimo de claridad. Ahí resuena también Erich Fromm cuando, en El arte de amar, plantea que el amor no es solo una emoción que viene y va, sino una práctica que exige cuidado, respeto, responsabilidad y conocimiento del otro. Fromm insiste en que amar es un arte que se aprende y se entrena, no un simple estado sentimental que “ocurre” sin más.

En la vida cotidiana todo esto se ve en escenas muy reconocibles: una discusión por las tareas de casa, por el dinero, por llegar tarde, por el móvil, por los hijos. Parecen peleas pequeñas, pero casi nunca lo son. Debajo suele haber mensajes que nadie se atreve a decir en voz alta: “no me ves”, “no puedo más”, “no me siento cuidado”, “tengo miedo”, “estoy sola”, “todo recae sobre mí”. La primera herramienta para no convertir esa tensión en bomba de relojería es sencilla de formular y difícil de practicar: detenerse antes de reaccionar. No todo debe resolverse en caliente; casi nada importante se resuelve bien desde el secuestro emocional. Parar, respirar, notar el cuerpo, ordenar lo que una siente y hacerse preguntas incómodas: ¿qué necesito realmente?, ¿qué estoy pidiendo de manera torpe?, ¿qué parte de esto es mía y cuál no?, ¿qué conversación llevamos demasiado tiempo evitando?

A partir de ahí, hay algunos gestos mínimos que cambian la conversación. Escuchar para comprender y no para ganar: dejar de esperar solo el turno para defenderse y tratar de entender el mundo emocional del otro. Hablar desde la necesidad en lugar de desde el reproche: no es lo mismo decir “siempre haces lo mismo” que “cuando pasa esto me siento solo y necesito que lo organicemos de otra forma”. La primera frase acusa, la segunda abre una puerta. Reparar pronto, sin dejar que el daño se oxide: pedir perdón cuando toca, aclarar lo que se dijo mal, reconocer el impacto de nuestras palabras. Y asumir que resolver un conflicto no siempre significa que todo vuelva a ser como antes; a veces es construir algo mejor, cerrar bien o dejar de repetir una historia heredada. Esta lógica se alinea con la perspectiva de la mediación y la justicia restaurativa, que en España han ido ganando espacio en ámbitos como el derecho de familia y el comunitario a través de experiencias piloto y prácticas profesionales recogidas en la literatura de mediación.

Esta mirada empieza a colarse, poco a poco, en las propias normas. La Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia, impulsa los llamados medios adecuados de solución de controversias antes de determinados pleitos civiles (mediación, conciliación, oferta vinculante confidencial u opinión de experto independiente), en línea con las recomendaciones del propio Consejo General del Poder Judicial sobre descarga de los juzgados y potenciación de vías alternativas. Es una señal clara: no todo desacuerdo debería terminar en un juzgado. Pero ninguna ley bastará si no cambiamos nuestra cultura del conflicto y seguimos viendo la mediación como un trámite burocrático más en lugar de como una oportunidad real de transformación.

En el trabajo ocurre algo muy parecido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo estiman que la depresión y la ansiedad provocan cada año la pérdida de unos 12.000 millones de días de trabajo en todo el mundo y un coste cercano a un billón de dólares en productividad perdida, según las publicaciones conjuntas difundidas desde 2022 y resumidas por Naciones Unidas. La OMS advierte de que los entornos laborales con cargas excesivas, inseguridad, desigualdad o falta de control son un riesgo directo para la salud mental, y que la prevención de estos riesgos psicosociales debería formar parte de cualquier política seria de salud laboral. Una empresa que no sabe escuchar, un equipo que no sabe hablar o una jerarquía que humilla no son solo un problema humano: son también un problema económico, social y político, como viene subrayando una creciente literatura sobre salud mental y trabajo así como informes sindicales y académicos.

Aprender a resolver conflictos no va a eliminar los problemas de nuestra vida. Eso no existe. Pero sí puede ayudarnos a atravesarlos con más conciencia, menos daño y más verdad. Quizá esa sea, al final, la gran lección de Carlota Pallàs y de toda una tradición que lleva años recordándonos que el conflicto es inevitable, pero la violencia no. No hay que tenerle tanto miedo al conflicto como a una vida llena de conflictos negados. Lo que no se habla se enquista. Lo que se evita se repite. Lo que no se comprende termina saliendo por otro sitio: en forma de ruptura, enfermedad, resentimiento, violencia, pleito o tristeza. Resolver conflictos es aprender a vivir mejor y, viendo el mundo que tenemos delante, empieza a ser una urgencia colectiva.