Cita clave para el futuro del sistema público de protección social en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerá este lunes en el Congreso de los Diputados con el objetivo de exponer las proyecciones financieras recogidas en el primer informe del Modelo Integrado de Proyección del Gasto en Pensiones a largo plazo (INTegraSS).

La comparecencia, que se desarrollará a petición propia a partir de las 18:00 horas, tendrá lugar ante la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo. Además de desgranar esta nueva herramienta de previsión, la ministra aprovechará la sesión parlamentaria para presentar el informe de balance sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones fijadas por el Pacto de Toledo para el periodo 2020-2025.

Un gasto estabilizado en el 14% del PIB

El documento que se presenta al Parlamento ratifica las estimaciones macroeconómicas que el Ejecutivo adelantó junto al Ministerio de Economía. De acuerdo con el modelo INTegraSS, el gasto promedio destinado a las pensiones se mantendrá en el entorno del 14% del Producto Interior Bruto (PIB) en el horizonte fijado hasta el año 2050.

Esta proyección sitúa la presión financiera del sistema ligeramente por debajo de los cálculos publicados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que elevaba el gasto hasta el 14,4%, y consolida los compromisos de estabilidad presupuestaria y reglas de gasto alcanzados de forma previa con las autoridades de Bruselas.

El reto demográfico del 'baby boom'

Con la puesta de largo parlamentaria de INTegraSS, el Ministerio busca dotar a las fuerzas políticas y a los agentes sociales de un instrumento predictivo eficaz. El objetivo prioritario es anticipar respuestas técnicas a las tensiones demográficas que experimentará la Seguridad Social en las próximas décadas, siendo la más inminente y voluminosa la entrada en el sistema de jubilación de la numerosa generación nacida durante el baby boom.

Desde el Ejecutivo defienden que los mecanismos de corrección implantados en las últimas reformas normativas permitirán absorber este pico de beneficiarios sin poner en riesgo la viabilidad financiera del modelo de reparto.