El Pleno del Congreso de los Diputados acogerá este jueves, 18 de junio, el debate y votación decisiva para la convalidación o derogación del decreto ley que regula las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el ejercicio 2026. El texto, que ya se encuentra en vigor tras su aprobación en el Consejo de Ministros y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), requiere constitucionalmente el visto bueno de la Cámara Baja antes de que venza el plazo máximo de treinta días.

El mecanismo de entregas a cuenta es la herramienta financiera clave mediante la cual las comunidades de régimen común (todas salvo el País Vasco y Navarra) perciben de forma anticipada los recursos derivados de los impuestos estatales cedidos, tales como el tramo autonómico del IRPF, el IVA y los impuestos especiales. Para este año, la cuantía directa de estas entregas escalará hasta los 157.731 millones de euros.

El impacto de la prórroga presupuestaria en las cuentas regionales

En la exposición de motivos de la normativa, el Ejecutivo central justifica la urgencia del decreto debido al escenario de prórroga presupuestaria en el que se encuentra la administración del Estado desde 2023. El Gobierno advierte de que, si no se aprobase esta actualización extraordinaria del cálculo hídrico y fiscal, se generarían "resultados financieros indeseados" y un grave perjuicio para la liquidez de los servicios públicos transferidos que gestionan las autonomías (como la sanidad y la educación).

Según los datos pormenorizados por el ministro de Hacienda, Arcadi España, la inyección económica total destinada a las haciendas regionales será aún mayor. Al sumarse la previsión de la liquidación definitiva correspondiente al ejercicio de 2024, la financiación global que recibirán las comunidades autónomas en 2026 se situará en un máximo histórico de 170.300 millones de euros, lo que supone un incremento neto del 7,7% respecto al año anterior.

Vía libre al superávit de los ayuntamientos

Además del paquete financiero destinado a los gobiernos autonómicos, el decreto ley incluye una cláusula de especial relevancia para la administración local. El texto habilita formalmente a aquellos ayuntamientos y diputaciones que hayan cerrado el ejercicio fiscal de 2025 con superávit presupuestario a reinvertir dichos remanentes económicos a lo largo de este año en las denominadas "inversiones financieramente sostenibles", evitando así que queden bloqueadas en las cuentas bancarias municipales.