La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha endurecido su discurso frente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ante lo que consideran un problema estructural insostenible para el tejido productivo. Durante una jornada de urgencia celebrada este martes en su sede de Madrid, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha exigido formalmente que la Seguridad Social asuma el coste íntegro de los primeros 15 días de baja por incapacidad temporal (IT), exonerando a las empresas privadas de una carga financiera que se ha disparado en los últimos años.

La cumbre ha congregado a los principales representantes de las autonomías más golpeadas por el absentismo, a los líderes de los sectores económicos estratégicos y a las directivas de las patronales ATA y Cepyme. Garamendi ha justificado la idoneidad de la medida ante el bloqueo de la mesa de diálogo social con el departamento de Elma Saiz, la cual lleva meses sin reunirse.

Una factura de 17.000 millones concentrada en las bajas cortas

Bajo la legislación actual, las empresas privadas están obligadas a asumir la prestación económica del trabajador desde el cuarto hasta el decimoquinto día de la baja. Según los últimos datos de AMAT (la patronal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social), este mecanismo normativo —sumado a los complementos de convenio— supone una factura anual superior a los 17.000 millones de euros para las compañías.

El líder empresarial ha hecho especial hincapié en que los procesos de corta duración son, precisamente, los más frecuentes dentro del mercado laboral español. Al resolverse en apenas dos semanas, el coste de la prestación y de las cotizaciones sociales recae al 100 % sobre las espaldas del empleador, sin que el Estado intervenga económicamente.

El factor de la salud mental pospandemia

La patronal sitúa el verdadero foco del problema en las llamadas contingencias comunes (enfermedades o accidentes no laborales). En este ámbito, la CEOE ha alertado de un cambio de tendencia sociolaboral: los procesos vinculados a problemas de salud mental han experimentado un incremento exponencial desde la crisis de la Covid-19, afectando de manera muy acusada a las plantillas de profesionales más jóvenes.

Dado que los tres primeros días de estas bajas no generan derecho a prestación por ley, el impacto directo para las empresas arranca de forma automática a partir de la cuarta jornada de ausencia.