El futuro del trasvase Tajo-Segura vuelve a situarse en el centro del debate político y territorial. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este viernes que su departamento iniciará “próximamente” el proceso de participación activa para elaborar las nuevas reglas de explotación del acueducto, aunque ha evitado concretar una fecha exacta. El anuncio llega en un momento especialmente sensible para la Región de Murcia y el conjunto del sureste, después de que la Comisión Central de Explotación haya autorizado un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio. Aagesen no ha precisado una fecha concreta, pero sí ha situado este procedimiento como uno de los próximos pasos del Ministerio en materia de planificación hídrica.

El anuncio tiene especial relevancia para la Región de Murcia, donde el trasvase Tajo-Segura sigue siendo una infraestructura estratégica para el abastecimiento, la agricultura y el mantenimiento de miles de empleos vinculados al sector agroalimentario. La eventual modificación de sus reglas de explotación es uno de los asuntos hídricos más sensibles para el sureste español, tanto por su impacto económico como por la tensión política que mantiene abierta entre territorios cedentes y receptores.

La ministra ha insistido en que la elaboración de las nuevas reglas deberá realizarse “con la máxima participación” de todos los agentes implicados. Murcia y la Comunidad Valenciana han reclamado en los últimos días que cualquier cambio en el funcionamiento del Tajo-Segura se negocie con todas las comunidades autónomas afectadas, los usuarios y los sectores vinculados al agua, y no mediante conversaciones bilaterales que dejen fuera a los territorios receptores.

El debate se ha intensificado tras la autorización de un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos para los meses de junio y julio, a razón de 60 hectómetros cúbicos mensuales. La decisión se adoptó al constatar que los embalses de Entrepeñas y Buendía acumulaban 1.479 hectómetros cúbicos, lo que mantiene al sistema en nivel 1 conforme a las reglas vigentes y permite activar el envío máximo previsto desde la cabecera del Tajo.

Precisamente, esas reglas son las que el Ministerio se dispone ahora a revisar. El cambio está vinculado a la adaptación del funcionamiento del trasvase a los caudales ecológicos fijados en el Plan Hidrológico del Tajo. En 2025, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas presentó al Ministerio un informe técnico con propuestas para actualizar la regla de explotación, en el marco de la aplicación progresiva de los nuevos caudales hasta 2027.

Según la información difundida entonces por el Ministerio, esa actualización planteaba elevar el umbral entre los niveles 1 y 2 de los embalses de Entrepeñas y Buendía hasta los 1.600 hectómetros cúbicos y ajustar los volúmenes mensuales trasvasables en los niveles 2 y 3. El objetivo declarado por Transición Ecológica es compatibilizar el funcionamiento del acueducto con el cumplimiento de los caudales ecológicos del Tajo.

El contexto judicial también pesa sobre el calendario, ya que el Tribunal Supremo ha rechazado recientemente el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura contra la revisión del Plan Hidrológico del Tajo aprobada mediante el Real Decreto 35/2023. La sentencia respalda la fijación de caudales ecológicos mínimos en el río y refuerza el marco normativo sobre el que se apoya el Ministerio para impulsar la modificación de las reglas del trasvase.

Preguntada por las demandas del Gobierno de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a reclamar la modificación de las reglas tras el último trasvase aprobado, Aagesen ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido “múltiples reuniones” con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. “Los contactos son muy habituales, esa relación existe y seguirá existiendo con todas y cada una de las comunidades autónomas”, ha afirmado.

La ministra también se ha referido al seguimiento de los caudales ecológicos del Tajo. Según ha explicado, el Ministerio realiza un control “exhaustivo” de todos los caudales y, si se detecta alguna incidencia, se activan actuaciones y medidas de coordinación con los agentes implicados. Aagesen ha defendido que la prioridad es garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos previstos en la normativa.

La modificación de las reglas del trasvase se perfila, por tanto, como una de las decisiones hídricas más relevantes de los próximos meses. Para el Gobierno central, el reto pasa por ajustar el sistema a las exigencias ambientales del Tajo. Para la Región de Murcia y el resto del sureste, la preocupación se centra en que cualquier cambio no comprometa la disponibilidad de agua para el abastecimiento y el regadío.