El fin del ‘sanchismo’ ha llegado. Los últimos coletazos del régimen que arrancaban bajo el paraguas político de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004, están ya indefectiblemente ligados no sólo a la caída del maestro – el primer ex presidente del Gobierno en la historia de la democracia imputado en la Audiencia Nacional- sino, por descontado, a la defensa cerrada, empática y suicida de sus presuntas tropelías, por parte de su discípulo más aventajado, Pedro Sánchez.

La imputación de Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, en un entramado vinculado a la compañía Plus Ultra y a operaciones internacionales de fondos opacos con ramificaciones en China y Venezuela no es un escándalo aislado que afecta solo al veterano socialista.

Su conexión directa con el rescate de los 53 millones de euros concedido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la aerolínea, en 2021, sumada a la defensa pública e incondicional de la inocencia que el actual presidente ha prestado hacia su predecesor y referente político, ha convertido este caso en una bomba de relojería que amenaza la estabilidad del actual Ejecutivo.

Y es que resulta muy complicado sortear, con grandilocuencia y relato ideológico, un auto judicial en el que el magistrado José Luis Calama describe los “indicios de criminalidad” que salpican a Zapatero como supuesto cabecilla de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”, con intervención directa en operaciones de alto valor económico como la compraventa de oro, petróleo y divisas.

Las evidencias sobre la mesa del instructor incluyen interceptaciones telefónicas donde se menciona explícitamente a Zapatero como posible intermediario para conseguir el polémico rescate, “transacciones” bancarias coincidentes en la etapa de la inyección del erario a favor de las cuentas del veterano socialista, incluidos pagos “instrumentales” a la empresas de sus hijas, también investigadas, y el hallazgo de las alhajas de oro blanco y piedras preciosas en su despacho, que le han valido una investigación paralela, en pieza separada, por fraude fiscal y contrabando. Plus Ultra, que no era estratégica, ni cumplía con los requisitos objetivos para ser ‘salvada’ en pandemia, activó los lazos venezolanos de sus directivos y accionistas principales con un expresidente español para obtener el favor de todo un Consejo de ministros que autorizó la decisión.

Y, ante semejantes mimbres, lejos de la prudencia, Sánchez no sólo no ha guardado silencio, sino que ha ido más allá para transmitir, públicamente, su “confianza en la inocencia” de su predecesor al que le ha trasladado su “ánimo personal” y la empatía con su familia. Una defensa implícita.

No en vano, el actual presidente del Ejecutivo ha vinculado su credibilidad personal y la del propio PSOE a la de Zapatero que no es un militante cualquiera, era el faro moral que abrió la puerta a la etapa más larga de un gobierno socialista reciente, en dos etapas, un referente ideológico y una figura que Sánchez ha citado en múltiples ocasiones como parte de su linaje político. La explosión del escándalo de ZP ha provocado daños colaterales severos en el relato de la izquierda de la “justicia social” incompatible con la imagen del más alto cargo de un Ejecutivo socialista, presuntamente, beneficiándose de un rescate público y de posibles pagos en especie.

Más graves aún son los efectos de la onda expansiva que se cierne sobre la coalición de Gobierno. Los socios minoritarios, Sumar y los partidos independentistas, observan con creciente incomodidad cómo la magnitud de la causa erosiona la legitimidad del Ejecutivo. En un Parlamento fragmentado, donde Sánchez depende de apoyos externos para cada votación, cualquier fisura puede resultar letal. Un caso de corrupción que salpica al expresidente más emblemático del PSOE actualiza el fantasma de los escándalos del pasado, una reedición de los casos Filesa o ERE.

El desgaste en la opinión pública será progresivo pero implacable. España ha demostrado su especial sensibilidad frente a los casos de corrupción que implican a políticos y expolíticos. En este escenario, además, la combinación de dinero chavista, con lo que ello significa, las piezas de alta joyería y el anzuelo de un rescate público genera un cóctel tóxico para la imagen del Gobierno. Cada comparecencia judicial de Zapatero, cada nueva filtración del sumario y cada defensa pública de Sánchez amplificará el daño, actuando como catalizador de una crisis aún mayor.

A medida que avanzan las pesquisas, la presión para que Sánchez tome distancia será mayúscula pero ya será demasiado tarde porque ha elegido defenderlo. Una posición que lo ata su destino político al horizonte judicial de su predecesor. La imputación de Zapatero no es el primer problema de Sánchez, pero sí uno de los más simbólicos. Representa la quiebra del relato de integridad que el PSOE ha intentado construir frente a la derecha, durante décadas.

La Justicia independiente avanza como una apisonadora y la indignación de la opinión pública castiga el nexo instrumental entre un rescate público del Gobierno de Sánchez con los beneficios privados de Zapatero. Se ha desatado la tormenta perfecta, en un contexto de máxima debilidad para Sánchez y los suyos.

El hundimiento de Zapatero, por lo tanto, no representa solo la debacle de un expresidente. Es el principio del fin de un ciclo político que Sánchez ha intentado prolongar defendiendo, precisamente, a quien ahora ocupa el centro de la diana judicial. El tiempo dirá si la presunción de inocencia queda desvirtuada o si la percepción de impunidad, frente a los hechos irrefutables, acaba lastrando al actual Gobierno con ella.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​