El juez Juan Carlos Peinado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha acordado retirarle el pasaporte, prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer cada quince días ante el juzgado.

La decisión se recoge en un auto difundido este sábado, después de la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, en la que las acusaciones populares solicitaron medidas cautelares al apreciar riesgo de fuga. La Fiscalía y las defensas se opusieron a estas medidas y defendieron que no existían motivos para mantener abierta la causa.

Peinado envía a Gómez a juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También irá a juicio su asesora, Cristina Álvarez, por los mismos delitos, mientras que el empresario Juan Carlos Barrabés será juzgado por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El magistrado justifica las medidas cautelares al considerar que existen “indicios racionales de criminalidad” y sostiene en su resolución que, “a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida”. La retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y las comparecencias periódicas han sido acordadas a petición de las acusaciones populares.

La resolución ha provocado una reacción inmediata en el Gobierno. Fuentes de Moncloa han denunciado que la decisión de Peinado constata, a su juicio, la “persecución, la obsesión y la desproporción” del magistrado contra Begoña Gómez. Las mismas fuentes sostienen que la instrucción “carece de todo sentido jurídico” y responde únicamente a “motivos políticos”.

La defensa de Gómez presentará recurso contra las medidas cautelares impuestas por el juez, aunque la apertura de juicio oral no puede ser recurrida. El caso, que lleva meses marcando la agenda política nacional, entra así en una nueva fase judicial con un fuerte impacto institucional y político.

En paralelo, Peinado abrió este viernes una pieza separada dentro de la causa por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea relacionados con el empresario Juan Carlos Barrabés.

La decisión del juez eleva la tensión entre el Gobierno y el instructor del caso en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. Mientras las acusaciones consideran que existen indicios suficientes para que el asunto llegue a juicio, Moncloa y el entorno de Gómez denuncian una actuación desproporcionada y políticamente dirigida.