El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impone varias medidas cautelares.

La queja se centra en el apartado de la resolución en el que el magistrado alude a los agentes encargados de la seguridad de Gómez. Peinado sostiene en su auto que esos policías podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, colaborar en una eventual fuga que impidiera que la acusada quedara a disposición de la justicia.

Interior considera que esas afirmaciones suponen un “grave cuestionamiento de la profesionalidad” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según el departamento que dirige Marlaska, las sospechas del juez no afectan solo a los agentes concretos asignados al servicio de acompañamiento de Begoña Gómez, sino también a sus mandos, al plantear la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales.

El ministro ha trasladado estos hechos a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, para que el órgano de gobierno de los jueces valore si procede adoptar alguna medida dentro de sus competencias.

Marlaska ha defendido la “plena profesionalidad” de los agentes y de sus superiores jerárquicos, cuya actuación, según Interior, se desarrolla siempre dentro de la legalidad y constituye una garantía del Estado de Derecho. El Ministerio califica lo ocurrido como un hecho de “máxima gravedad” por el daño que, a su juicio, provoca sobre la imagen y la credibilidad de los cuerpos policiales.

La reacción de Interior se suma a las críticas expresadas por varios sindicatos policiales. Jupol, el Sindicato Unificado de Policía, la Confederación Española de Policía y otros representantes del cuerpo han rechazado las palabras del magistrado y han reclamado una rectificación. Algunas organizaciones han calificado de “barbaridad” insinuar que los escoltas pudieran colaborar en una hipotética fuga.

El origen de la polémica está en el auto por el que Peinado ha acordado abrir juicio oral contra Begoña Gómez y retirarle el pasaporte, además de prohibirle salir del territorio nacional y obligarla a comparecer cada quince días en el juzgado. La decisión judicial ha elevado la tensión política e institucional en torno a una causa que ya había provocado duros enfrentamientos entre el Gobierno, la oposición y el instructor.

La queja de Marlaska abre ahora un nuevo frente, esta vez centrado en la defensa de la profesionalidad policial. Mientras el juez justifica las medidas cautelares por el riesgo de fuga, Interior y los sindicatos sostienen que esa argumentación introduce una sospecha injustificada sobre funcionarios públicos encargados de la seguridad y sometidos al principio de legalidad.