El Consejo General del Poder Judicial estudiará este lunes, 22 de junio, si abre expediente disciplinario al juez Juan Carlos Peinado por las afirmaciones incluidas en el auto en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impone medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales.

La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, planteó este domingo abordar el asunto en una reunión telemática de la Comisión Permanente convocada para las 10.00 horas. Sin embargo, la votación ha quedado aplazada hasta este lunes a las 9.00 horas para permitir un debate presencial sobre la cuestión, según han informado fuentes jurídicas.

El posible expediente se analizaría a raíz de las menciones del magistrado a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte del dispositivo de escolta de Begoña Gómez. En su auto, Peinado sostiene que esos agentes podrían, por iniciativa propia o siguiendo órdenes superiores, colaborar en una eventual fuga que impidiera que la acusada estuviera a disposición de la justicia.

Esas palabras provocaron una queja formal del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante la presidenta del CGPJ. Interior considera que las afirmaciones del juez suponen un “grave cuestionamiento de la profesionalidad” de los agentes y de sus mandos, al insinuar que podrían participar en actuaciones ilegales.

Según el Ministerio del Interior, las “sospechas injustificadas” de Peinado no afectan solo a los policías concretos asignados al servicio de acompañamiento de la esposa del presidente, sino también a sus superiores jerárquicos, al plantear la posibilidad de que pudieran dictar órdenes contrarias a la ley.

Marlaska ha defendido la plena profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha calificado lo ocurrido como un hecho de “máxima gravedad”. Por ello, trasladó los hechos al órgano de gobierno de los jueces para que valore si procede adoptar alguna medida dentro de sus competencias.

Fuentes jurídicas apuntan a que la eventual actuación disciplinaria podría estudiarse por una posible falta grave de desconsideración hacia funcionarios públicos, tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El debate se centrará ahora en determinar si las afirmaciones del magistrado pueden tener recorrido disciplinario o si quedan amparadas dentro del contenido jurisdiccional de su resolución.

La polémica se produce después de que Peinado acordara abrir juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También serán juzgados su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque este último por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

La reacción contra las palabras del juez no ha llegado solo desde Interior. Varios sindicatos policiales, entre ellos Jupol, el Sindicato Unificado de Policía y la Confederación Española de Policía, han rechazado públicamente las afirmaciones del magistrado y han reclamado una rectificación por considerar que cuestionan sin fundamento la legalidad y profesionalidad de los agentes.

La decisión que adopte este lunes el CGPJ abrirá un nuevo capítulo en la causa de Begoña Gómez, que en las últimas horas ha derivado en un choque institucional entre el juez instructor, el Ministerio del Interior, los representantes policiales y el órgano de gobierno de los jueces.