El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica que redefine el mapa político y judicial de España. La Sala Penal ha condenado por unanimidad al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión por su implicación en el bautizado como 'caso Koldo', el primer gran juicio sobre el supuesto amaño en la compra de mascarillas durante los meses más duros de la pandemia de la covid-19.

Pese a la elevada condena por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, el exdirigente socialista cumplirá un máximo efectivo de 16 años y medio. Por su parte, su antiguo asesor ministerial, Koldo García, ha sido condenado a 19 años y ocho meses de cárcel (con un límite de 15 años de cumplimiento). Ambos han seguido la lectura del fallo por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, donde se encontraban en régimen provisional desde finales del pasado año.

La cruz de la moneda judicial ha sido para el empresario Víctor de Aldama. Aunque el Alto Tribunal le ha impuesto una pena de cuatro años y medio de prisión, la Sala ha decidido eximirle de la entrada en la cárcel. Para mantener su libertad, el empresario —que acudió en persona a la sede del Supremo acompañado de su letrado, José Antonio Choclán— deberá cumplir tres requisitos estrictos: no volver a delinquir, presentar un informe de actividades de carácter semestral y realizar trabajos en beneficio de la comunidad.

El tribunal premia así la atenuante de confesión de Aldama. Mientras que las defensas de Ábalos y García batallaron hasta el final por la absolución alegando una supuesta "falta de pruebas", la estrategia de Aldama se centró en rentabilizar su estrecha colaboración con la justicia.

Un juicio clave que dinamita la estructura política

El fallo llega tras un intenso procedimiento que quedó visto para sentencia el pasado 6 de mayo. A lo largo de 14 sesiones, la Sala Penal tomó declaración a más de 70 personas, tejiendo una red de testimonios entre los que figuraban altos cargos públicos, peritos, funcionarios de la administración y agentes de la Guardia Civil. La Fiscalía siempre defendió la tesis de que los tres implicados constituyeron una "verdadera organización criminal" destinada a lucrarse de forma ilícita aprovechando el blindaje institucional del que gozaba el ministro.

Esta resolución del Supremo actúa como un elemento determinante para el resto de las ramificaciones del 'caso Koldo' que todavía se instruyen en la Audiencia Nacional, relativas al amaño de obras públicas y los supuestos pagos en efectivo dentro del seno del partido. El impacto de la sentencia es total: no solo certifica el fin de la trayectoria del que fuera mano derecha de Pedro Sánchez y secretario de Organización del PSOE, sino que incrementa la presión sobre el Ejecutivo al salpicar de lleno a su sucesor en el cargo, Santos Cerdán.