Imagen de archivo.La Región de Murcia consolida su eficiencia en la gestión de sus cuentas públicas. El Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la comunidad autónoma se situó en 18,20 días durante el mes de abril, según el informe oficial publicado este lunes por el Ministerio de Hacienda. Esta cifra coloca a la administración autonómica holgadamente por debajo del límite legal de 30 días fijado por la normativa de morosidad.
Asimismo, el registro de la Región de Murcia mejora el comportamiento medio del conjunto de las comunidades autónomas españolas, que cerró el cuarto mes del año en 22,59 días tras lograr un importante descenso de 3,7 jornadas en comparación con el mes anterior.
El informe ministerial desvela que la inmensa mayoría de las autonomías cumplieron con los plazos previstos por la ley. De hecho, Baleares (46,46 días), Castilla y León (33,85 días) y la Comunidad Valenciana (30,07 días) fueron las tres únicas regiones que demoraron sus abonos por encima de la barrera de los 30 días durante abril de 2026.
En la parte alta de la tabla de la agilidad de pago, por delante de la Región de Murcia (18,20 días), se posicionaron territorios como Aragón (17,36 días), Canarias (15,94 días), Madrid (15,26 días), Andalucía (14,11 días), Cantabria (14 días) y Galicia, que volvió a liderar el índice nacional con una media de apenas 13,35 días para saldar sus facturas.
Incremento de la deuda comercial y del gasto sanitario
Más allá del comportamiento por regiones, el Ministerio de Hacienda ha cuantificado la deuda comercial global del conjunto de las administraciones autonómicas en 4.422,5 millones de euros, un volumen que equivale al 0,25% del Producto Interior Bruto (PIB) de España. Este dato representa un repunte de 186,5 millones de euros respecto al balance del mes precedente.
Por otra parte, los pagos totales de naturaleza comercial acometidos durante abril ascendieron a 6.675 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 5,75% frente al mismo mes de 2025. El gran motor de este desembolso fue, una vez más, el sector asistencial: las operaciones de carácter sanitario sumaron 4.098,4 millones de euros, encadenando un repunte del 6,5% en comparación con el ejercicio anterior y absorbiendo más del 61% de los fondos comerciales públicos movilizados en todo el país.




