El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible prepara una nueva oleada de contratos para reforzar la conservación de la Red de Carreteras del Estado. El Consejo de Ministros ha autorizado una inversión de 1.006 millones de euros, destinada a seis expedientes de contratación divididos en 29 lotes que afectarán a tramos de diez comunidades autónomas y veinte provincias.

La actuación permitirá intervenir sobre casi 3.670 kilómetros de carreteras estatales, de los que 2.261 kilómetros corresponden a autovías. Los contratos tendrán una duración inicial de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años y otra adicional de hasta nueve meses.

El objetivo de Transportes es reforzar el mantenimiento ordinario, la vialidad, la explotación, la seguridad vial y la conservación de elementos de la carretera en un momento de especial presión sobre la red estatal. El propio sector del transporte lleva meses alertando del deterioro de firmes, señalización e infraestructuras, un problema agravado por el paso del tiempo, el tráfico pesado y los episodios meteorológicos adversos.

El paquete autorizado contempla actuaciones en Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía, Comunidad de Madrid, Asturias, Galicia y La Rioja. Cataluña concentra la mayor dotación, con 216,32 millones de euros, seguida de Castilla y León, con 188,4 millones; Castilla-La Mancha, con 183,9 millones; y Aragón, con 148,68 millones.

En la Comunidad Valenciana, la inversión prevista asciende a 83,78 millones; en la Comunidad de Madrid, a 60,76 millones; en La Rioja, a 45,36 millones; en Asturias, a 32,35 millones; en Galicia, a 26,58 millones; y en Andalucía, a 20,42 millones.

La AP-68 y las autovías que vuelven al Estado

La licitación llega también en un año clave para varias infraestructuras que cambiarán de modelo de gestión. La AP-68 Bilbao-Zaragoza encara el final de su concesión en noviembre de 2026 y la red estatal deberá absorber nuevas necesidades de conservación y explotación tras la reversión de tramos actualmente gestionados por concesionarias.

A ello se suma el vencimiento, a finales de año, de contratos de autovías de primera generación explotadas bajo el modelo de peaje en sombra. Se trata de tramos de vías como la A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, cuya conservación pasará a depender directamente del Estado una vez concluyan las concesiones.

Un plan valorado, pero considerado insuficiente

La Confederación Española de Transporte de Mercancías ha valorado positivamente que el Gobierno reconozca la necesidad de invertir en la red viaria, pero considera que el alcance del plan resulta insuficiente para responder a la situación actual.

La organización recuerda que la Red de Carreteras del Estado supera los 26.000 kilómetros, por lo que actuar sobre 3.670 deja sin intervención a una parte mayoritaria de las infraestructuras. A su juicio, muchas de esas vías presentan problemas que afectan a la seguridad, elevan los costes de explotación y perjudican la competitividad del transporte por carretera.

La CETM también cuestiona también los plazos de ejecución. Aunque las licitaciones arrancarán en 2026, la puesta en marcha completa de las actuaciones puede requerir varios años, un horizonte que el sector considera demasiado largo ante la urgencia del deterioro acumulado.

El nuevo modelo de adjudicación inquieta a las empresas

El plan llega, además, en medio de las críticas de las empresas de conservación al nuevo esquema de contratación que prepara Transportes. La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, ha advertido de que un modelo basado en exceso en el precio puede perjudicar la calidad del servicio.

La patronal sostiene que la conservación de carreteras no puede funcionar como una simple subasta, ya que en estos contratos son determinantes la solvencia técnica, la planificación, la gestión de riesgos, la innovación, la seguridad vial y la capacidad de respuesta ante incidencias.

ACEX defiende que “la calidad debe ser el eje central de cualquier contratación pública” y alerta de que una competencia centrada casi exclusivamente en el precio puede tensionar los márgenes de las empresas, reducir la calidad de los materiales y comprometer la sostenibilidad del servicio.

El Ministerio, por su parte, incluye en los nuevos contratos requisitos vinculados a la eficiencia energética y la reducción de emisiones, como medidas de autoconsumo o planes de descarbonización. Con ello busca adaptar la conservación de carreteras a objetivos ambientales y de modernización de la red.

Así, el Gobierno necesita adjudicar los contratos con rapidez para evitar vacíos en la conservación de tramos estratégicos, mientras el sector reclama que el precio no pese más que la calidad técnica.