El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para abordar los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno político y familiar. La sesión llega en un clima de máxima tensión parlamentaria, con el PP exigiendo su dimisión, Vox elevando el tono contra el Ejecutivo y varios socios de investidura reclamando explicaciones para sostener la legislatura.

Sánchez acudirá a la Cámara con una estrategia: reivindicar la gestión económica y social de su Gobierno, rechazar cualquier escenario de dimisión y tratar de contrastar la respuesta del PSOE ante los casos de corrupción con la actuación del PP en sus propias causas judiciales.

La comparecencia fue solicitada por el propio Gobierno y también por grupos como ERC y el Mixto, en un contexto marcado por las investigaciones sobre la exmilitante socialista Leire Díez, la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la condena a José Luis Ábalos por el caso mascarillas y el procedimiento abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente.

La condena a Ábalos eleva la presión

El golpe más reciente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo contra José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE. El Alto Tribunal le ha condenado a 24 años y tres meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el caso mascarillas.

La resolución también condena a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses de prisión, mientras que el empresario Víctor de Aldama ha recibido una pena de cuatro años y medio, aunque evitará el ingreso en prisión si cumple las condiciones fijadas por el tribunal.

Sánchez previsiblemente reiterará la condena del Gobierno a cualquier comportamiento corrupto y volverá a marcar distancia con Ábalos, cuyo caso se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición para exigir el final de la legislatura.

El Ejecutivo ya ha defendido en las últimas horas que “el que la hace la paga”, una fórmula con la que busca subrayar que el Gobierno no ampara conductas contrarias a los principios que dice defender.

Zapatero, Leire Díez y Begoña Gómez

La comparecencia no se limita al caso Ábalos. El presidente también deberá afrontar las preguntas sobre la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el caso Plus Ultra, así como las investigaciones sobre Leire Díez, exmilitante socialista señalada por sus presuntos contactos con mandos policiales y fiscales.

A ello se suma el procedimiento contra Begoña Gómez. La esposa del presidente ha sido citada por el juez Juan Carlos Peinado para entregar su pasaporte como medida cautelar, después de que el magistrado abriera juicio oral en una de las piezas del caso.

El Gobierno mantiene que Sánchez seguirá defendiendo a su esposa y que considera la causa parte de una ofensiva política y judicial contra su entorno. La oposición, por el contrario, sostiene que el presidente debe asumir responsabilidades políticas por la acumulación de casos que afectan al PSOE, al Ejecutivo y a su círculo más cercano.

Mensaje a los socios de investidura

Uno de los objetivos principales de la comparecencia será contener el desgaste dentro del bloque parlamentario que sostiene al Gobierno. Algunos socios de investidura han pedido explicaciones exhaustivas e incluso han advertido de que la legislatura no puede continuar como si nada hubiera ocurrido.

Sánchez tratará de convencerles de que merece la pena mantener el apoyo al Ejecutivo para seguir aprobando medidas sociales, económicas y legislativas. Su argumento pasará por separar la acción de Gobierno de las causas judiciales y defender que la alternativa sería un Ejecutivo del PP apoyado por Vox.

El presidente pondrá en valor la evolución de la economía española, el empleo, las políticas sociales y las medidas aprobadas durante su mandato. La intención es desplazar parte del debate desde el terreno judicial hacia la gestión y la estabilidad institucional.

El PP exigirá responsabilidades

El PP llegará al debate con una posición clara: exigir la dimisión de Sánchez y acusarle de estar al frente de un Gobierno cercado por la corrupción. Alberto Núñez Feijóo previsiblemente utilizará la condena a Ábalos y el resto de investigaciones para presentar al presidente como incapaz de regenerar la vida pública.

Sánchez, por su parte, intentará devolver el golpe recordando los casos que afectan al PP y especialmente los relacionados con dirigentes autonómicos o con el entorno de Isabel Díaz Ayuso. La comparecencia se perfila así como un choque de alto voltaje, más orientado a medir la resistencia del Gobierno que a abrir una nueva etapa de medidas concretas contra la corrupción.

Según fuentes gubernamentales, el presidente no acudirá con nuevos anuncios anticorrupción, sino con una defensa política de su gestión y de la continuidad de la legislatura.

El debate servirá, en todo caso, para comprobar si Sánchez conserva margen suficiente para seguir gobernando con una mayoría parlamentaria cada vez más exigente. La clave no estará solo en la dureza de la oposición, sino en la reacción de sus socios. El PP ya ha dictado sentencia. El verdadero examen será la respuesta de sus socios parlamentarios, llamados a decidir si las explicaciones bastan para seguir sosteniendo la legislatura.