El Ayuntamiento de Lorca ha vuelto a llevar al Senado la situación de las viviendas de Puntas de Calnegre afectadas por la aplicación de la Ley de Costas. La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha asistido este miércoles a la sesión plenaria de la Cámara Alta en la que se ha debatido y votado una moción presentada por el Partido Popular para promover cambios legislativos que protejan los núcleos tradicionales del litoral español.

La iniciativa busca frenar la incertidumbre jurídica que desde hace años afecta a viviendas situadas en primera línea de costa, entre ellas alrededor de medio centenar en Puntas de Calnegre. Sus propietarios llevan más de dos décadas reclamando una solución definitiva que evite la demolición de sus casas y reconozca el valor histórico, social y etnográfico del poblado.

María Hernández ha mantenido además una reunión de trabajo con alcaldes y representantes de otros municipios afectados por la normativa costera y con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia Martínez. En el encuentro se ha abordado la necesidad de introducir cambios legislativos que aporten seguridad jurídica a las familias afectadas.

La edil ha defendido que la situación de Puntas de Calnegre no puede abordarse únicamente desde una perspectiva administrativa. “Estamos ante una medida fundamental para proteger a nuestros vecinos de Puntas de Calnegre, un poblado con más de 200 años de historia cuyos habitantes llevan más de dos décadas conviviendo con la amenaza constante de que sus casas sean demolidas”, ha señalado.

Hernández ha insistido en que el Ayuntamiento seguirá defendiendo a los vecinos afectados. “Hoy volvemos a alzar la voz para defender a esas familias y reclamar una solución justa y definitiva, porque lo hemos dicho muchas veces, y lo volvemos a repetir: esto no va de ladrillos, va de personas”, ha afirmado.

Una moratoria para frenar derribos y deslindes

La moción debatida en el Senado plantea una revisión de la Ley de Costas y de la normativa del litoral, así como la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial. Entre sus principales novedades figura la petición de una moratoria para los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.

Esa moratoria incluiría la suspensión de actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición que puedan implicar la pérdida o limitación de derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos afectados.

Para el Gobierno de Lorca, esta medida permitiría ganar tiempo y abrir una vía legislativa que dé respuesta a los vecinos de Puntas de Calnegre, cuyo caso se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles del conflicto entre la protección del litoral y la situación de núcleos costeros tradicionales.

La concejal de Urbanismo ha recordado que esta es la cuarta vez en la actual legislatura que se impulsa en las Cortes Generales una iniciativa relacionada con la modificación de la Ley de Costas y la tercera en la que el asunto llega al Senado.

“No vamos a dejar de insistir hasta que se haga justicia con estas familias. Queremos acabar de una vez por todas con la incertidumbre de cientos de vecinos que llevan años sin saber qué ocurrirá con sus viviendas”, ha señalado Hernández.

Un poblado con más de dos siglos de historia

El Ayuntamiento defiende que Puntas de Calnegre no puede tratarse como una ocupación reciente o especulativa del litoral, sino como un núcleo tradicional vinculado históricamente a la actividad pesquera y a la vida del litoral lorquino.

“No todo lo construido junto al mar es igual. No todo lo que está cerca de la costa es ilegal. Existen núcleos tradicionales que forman parte de nuestra historia, de nuestro paisaje y de nuestras raíces, y que merecen ser protegidos. Puntas de Calnegre es un claro ejemplo de ello”, ha afirmado María Hernández.

La edil ha denunciado que la actual aplicación de la Ley de Costas genera “innumerables situaciones de inseguridad jurídica” y deja en situación de indefensión a familias que residen en núcleos costeros tradicionales.

Según ha explicado, muchas de estas familias llevan más de veinte años atrapadas en un “laberinto jurídico y administrativo” que afecta no solo a viviendas, sino también a pequeños negocios familiares y a proyectos de vida construidos durante generaciones.

Un debate con dimensión regional

El caso de Puntas de Calnegre forma parte de un debate más amplio sobre la aplicación de la Ley de Costas en la Región de Murcia. Distintos municipios del litoral han denunciado la situación de viviendas afectadas por procedimientos de deslinde, recuperación posesoria o demolición.

El PP sostiene que la protección del litoral debe compatibilizarse con la defensa de núcleos tradicionales y con la seguridad jurídica de propietarios que adquirieron sus viviendas legalmente o que residen en enclaves históricos. Desde esa posición, reclama cambios normativos, moratorias y una revisión del modelo de aplicación de la Ley de Costas.

El debate, sin embargo, también tiene una lectura política. El PSOE ha acusado al PP de utilizar este conflicto como arma partidista y ha recordado que la normativa vigente fue reformada durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013. Los populares, por su parte, insisten en que la aplicación actual de la ley está generando situaciones injustas y que es necesario modificarla para proteger a las familias afectadas.

En Lorca, el Gobierno municipal mantiene que su prioridad es evitar el derribo de viviendas en Puntas de Calnegre y garantizar la protección de un enclave que considera parte del patrimonio histórico y social del municipio.

“Vamos a seguir trabajando junto a las familias para que ninguna vivienda de Puntas de Calnegre sea demolida. Este Ayuntamiento va a estar al lado de sus vecinos hasta el final”, ha concluido Hernández.

La iniciativa debatida en el Senado no cierra el conflicto, pero vuelve a situar el caso de Puntas de Calnegre en la agenda política nacional. Para las familias afectadas, la clave no está solo en nuevas mociones, sino en que se traduzcan en una solución legal estable después de más de veinte años de incertidumbre.