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NACIONAL

Rodríguez reclama que los Presupuestos reserven una partida específica para vivienda pública

La ministra defiende en el Congreso que el Plan Estatal 2026-2030 debe reforzar la protección de la vivienda pública y aumentar la oferta asequible ante el déficit estructural y los precios elevados

Alba Molina Jueves, 25 de Junio de 2026 Tiempo de lectura:
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Marta Fernández - Europa PressLa ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Marta Fernández - Europa Press

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles en el Congreso que los próximos Presupuestos Generales del Estado deberán incluir una partida específica para ampliar el parque público de vivienda y garantizar el acceso a este derecho.

 

Rodríguez ha respondido así al diputado de EH Bildu Oskar Matute, que ha pedido al Gobierno que pase “a la ofensiva” en materia de vivienda, una de las principales preocupaciones sociales del país por la falta de oferta asequible y el fuerte encarecimiento de los precios.

 

La ministra ha admitido que “queda mucho por hacer”, pero ha defendido que el Ejecutivo ya ha avanzado en regulación con medidas como la declaración de zonas tensionadas, la lucha contra la especulación y el control de alojamientos turísticos y de temporada.

 

En ese contexto, Rodríguez ha subrayado que una parte “muy determinada” de los Presupuestos deberá destinarse a vivienda pública. La ministra ha vinculado esa inversión al despliegue del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que busca aumentar el parque público, reforzar la protección de la vivienda asequible y evitar que los inmuebles financiados con fondos públicos puedan terminar en el mercado especulativo.

 

Bildu pide actuar sobre precios, alquileres y pisos turísticos

 

Durante su intervención, Oskar Matute ha señalado que hablar de vivienda implica abordar al menos dos dimensiones: el déficit estructural de viviendas y los precios “desorbitados”. El diputado ha llamado a buscar puntos de acuerdo entre administraciones, ya que las competencias en esta materia están repartidas entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado.

 

Matute ha defendido que la respuesta debe combinar distintas medidas y mantenerse durante años. Entre sus propuestas ha citado la prohibición de pisos turísticos ilegales, el control de alquileres de temporada y fórmulas como el coliving, la prórroga de contratos de alquiler y una fiscalidad “justa y progresiva”.

 

La ministra ha asegurado compartir buena parte del diagnóstico y ha defendido que la política de vivienda requiere actuar al mismo tiempo sobre la oferta, la regulación y la protección de quienes tienen más dificultades para acceder al mercado.

 

Más parque público y protección permanente

 

Rodríguez ha puesto en valor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una de las principales herramientas del Gobierno para aumentar la vivienda pública y asequible. Según ha explicado, el plan permitirá blindar la protección de la vivienda pública y ampliar el parque disponible.

 

La ministra ha insistido en que el esfuerzo inversor de los últimos años ya ha permitido aumentar las licitaciones públicas y las obras finalizadas, aunque ha reconocido que el problema exige más recursos y continuidad presupuestaria.

 

El debate se produce en un momento en el que distintos organismos han señalado la escasez de vivienda asequible como uno de los principales problemas estructurales de la economía española. El Banco de España ha advertido esta semana de un déficit acumulado de vivienda y ha reclamado una mayor reacción coordinada de las administraciones.

 

Control de alojamientos turísticos

 

Rodríguez también ha mencionado la lucha contra el fraude y la especulación en el mercado residencial, especialmente en el ámbito de los alojamientos turísticos y de temporada. Según ha defendido, la nueva normativa ya habría contribuido a reducir la presencia de licencias turísticas.

 

El Gobierno sostiene que el control de estos usos es necesario para evitar que viviendas destinadas inicialmente a residencia habitual salgan del mercado y presionen todavía más los precios del alquiler.

 

La ministra ha recalcado que la política de vivienda debe combinar más oferta pública, más regulación y más coordinación institucional.

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