CSIF ha abierto un nuevo frente con Muface tras la aprobación de la reforma del estatuto del organismo. El sindicato ha elevado una queja y ha exigido una reunión urgente con la directora general de la mutualidad después de que el Gobierno haya aprobado cambios en la estructura de sus órganos de dirección, gestión y participación.

La organización sindical critica que la modificación se haya realizado sin contar previamente con las organizaciones presentes en los órganos de participación de Muface. Según CSIF, el nuevo estatuto altera el equilibrio interno de la mutualidad y puede restar capacidad de control a los sindicatos que representan a los funcionarios mutualistas.

La reforma delimita el papel de la Presidencia de Muface, que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública, como órgano de alta dirección y representación institucional. Sus actos y resoluciones agotarán la vía administrativa en el ámbito de sus competencias.

También redefine las funciones de la Dirección General, que queda centrada en la gestión económica y financiera, la planificación, la gestión ordinaria, las prestaciones, los sistemas de información, la coordinación territorial, la atención a mutualistas, la calidad y la explotación de datos.

La supresión de la Comisión Permanente, el punto más conflictivo

Uno de los aspectos que más preocupación ha generado en CSIF es la eliminación de la Comisión Permanente del Consejo General, un órgano integrado por representantes de la Administración y de los sindicatos.

Esta comisión tenía entre sus funciones velar por la aplicación de los acuerdos adoptados, proponer medidas para mejorar la mutualidad, informar sobre convocatorias de prestaciones de carácter anual único y analizar los asuntos que le sometiera la Dirección General.

Para CSIF, su desaparición puede reducir la capacidad de seguimiento de los sindicatos sobre la gestión de Muface y limitar su papel en el control ordinario de la mutualidad.

El sindicato sostiene que este cambio llega en un momento especialmente delicado para el mutualismo administrativo, tras meses de tensión por la renovación del concierto sanitario, las quejas de mutualistas por la asistencia recibida y el debate sobre el futuro del modelo.

CSIF estudia recurrir el decreto

CSIF ha anunciado que está analizando las implicaciones jurídicas de la reforma y no descarta recurrir el Real Decreto. La organización considera que el Gobierno debería haber sometido el texto a debate con los representantes sindicales antes de aprobarlo.

Además, el sindicato iniciará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso para trasladarles su preocupación y pedir apoyo ante lo que considera una pérdida de participación sindical en el control de Muface.

La organización también exige que los sindicatos participen en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario, al considerar que los representantes de los mutualistas deben tener voz en los espacios donde se evalúa la calidad de la asistencia prestada por las entidades concertadas.

Un cambio en plena tensión sobre el modelo Muface

La reforma llega después de un periodo especialmente complejo para Muface, marcado por la renovación del concierto sanitario y por las dudas sobre la sostenibilidad del modelo. El nuevo concierto 2025-2027 mantiene la asistencia sanitaria concertada con Adeslas y Asisa, aunque el debate sobre la financiación, la calidad del servicio y el papel de las aseguradoras ha seguido muy presente entre funcionarios y sindicatos.

En ese contexto, CSIF considera que cualquier modificación de la estructura interna del organismo debería reforzar la transparencia y la participación, no reducir los mecanismos de control sindical.

El Gobierno, por su parte, enmarca la reforma en la adaptación de organismos públicos a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y en la modernización de la estructura administrativa de Muface.

La controversia queda ahora abierta. CSIF pide explicaciones, estudia acciones jurídicas y buscará apoyo parlamentario para revisar una reforma que, a su juicio, afecta directamente al papel de los sindicatos en la vigilancia de una mutualidad que presta cobertura sanitaria y social a cientos de miles de funcionarios.