Hay un tramo del Paseo Alfonso XII, entre los restaurantes Espacio Alviento y Cuarentaytres, que cualquier cartagenero que frecuente el puerto conoce bien. En febrero de 2022 lo cortaron para zanjas de saneamiento. En agosto volvieron a cortarlo para instalar adoquines de piedra natural. En marzo de 2026 lo cortaron de nuevo para renovar las rampas del aparcamiento subterráneo. Y en junio de 2026 la Autoridad Portuaria declaró urgente una nueva intervención de 725.820 euros para reponer ese mismo pavimento, deteriorado en menos de cuatro años por el tráfico de autobuses y camiones.

Cuatro cortes en el mismo tramo en cuatro años. La percepción de los paseantes no es subjetiva: está documentada. Y es el mejor resumen de lo que significa invertir en el frente marítimo sin haber resuelto antes las preguntas más básicas.

Lo que dice la memoria del proyecto

La memoria del proyecto reconoce que el firme presenta «un deterioro progresivo que hace necesaria su reposición a corto plazo». La causa: el adoquín de piedra natural, elegido en 2022 como elemento estético diferencial, no soporta el tráfico de autobuses y camiones. La solución es demoler, ejecutar una losa de hormigón armado y reponer adoquines prefabricados. Deshacer para volver a hacer con lo que debería haberse usado desde el principio.

La misma intervención incluye otro detalle que ha pasado desapercibido: el jardín público entre la Autoridad Portuaria y Aduanas desaparece para convertirse en aparcamiento exclusivo para autorizados, con pilonas hidráulicas y lectores RFID. Un espacio verde ciudadano reconvertido en parking institucional por 67.155 euros.

Todo ocurre en el tramo que el propio pliego de la Fase 4 —redactado por la APC en 2025— describe como «gran explanada dura con escasos elementos urbanos, pensada principalmente como zona de paso». El promotor certifica en su propio documento que la inversión anterior no produjo el espacio prometido. La Fase 4 destinará más de siete millones a corregir en 250 metros lo que no se resolvió bien en la primera intervención.

Treinta y siete millones: ¿cuánto es realmente?

La cifra oficial es 37 millones de euros. Pero la inversión real es mayor. El nuevo edificio administrativo de la APC en Santa Lucía suma 9,1 millones adicionales. La renovación eléctrica de la fachada marítima añade otros 849.584 euros. Y las sucesivas reposiciones en el tramo ya ejecutado no han sido publicadas de forma consolidada.

Cuánto es exactamente el coste total es una pregunta sin respuesta pública. No es un reproche: es información que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer antes de valorar el alcance del proyecto.

Lo que otros comparten, aquí lo paga el puerto solo

La comparativa con otros puertos medianos es reveladora. Almería inauguró en marzo de 2026 su proyecto Puerto-Ciudad con 47,5 millones: la Autoridad Portuaria puso 27 y la Junta de Andalucía aportó 18 directamente para la integración urbana. Algeciras ha comprometido más de 70 millones en su Lago Marítimo con participación de la Junta y el Ayuntamiento. Alicante alcanzó los 31 millones con aportación de la Generalitat Valenciana.

En todos los casos hay al menos otra administración implicada. En Cartagena, la Comunidad Autónoma no aparece en ningún convenio de cofinanciación del frente marítimo. El Ayuntamiento tampoco figura con aportación propia significativa.

Y la APC no financia solo el paseo. El ramal ferroviario de Escombreras —infraestructura de titularidad Adif— fue pagado por la Autoridad Portuaria con más de 26 millones del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria (FFATP). Adif y Puertos del Estado dependen de la misma Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. Dos entidades del mismo ministerio, con el mismo ministro al frente.

Y sin embargo, es la APC quien paga lo que Adif no ejecuta. Esos 26 millones no han mejorado el frente marítimo de Cartagena: han tapado un agujero que otro organismo del Estado dejó abierto. Si Adif hubiera cumplido con su obligación presupuestaria, la APC habría tenido ese dinero disponible para el proyecto que ahora llega justo.

No es un patrón nuevo. El ARQUA —el Museo Nacional de Arqueología Subacuática— se construyó reduciendo el volumen edificado a la mitad del proyecto original para no ampliar el presupuesto. La financiación justa, nunca la necesaria. Cartagena no sale perdiendo por mala suerte. Sale perdiendo porque otras administraciones no invierten lo que les corresponde, y aquí alguien siempre acaba pagando la factura que no le toca.

La pregunta que precede al presupuesto

El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, ha definido el objetivo como lograr

«un modelo de integración moderno, vivo y acogedor que consolide a Cartagena como una gran capital del Mediterráneo».

Es una declaración que nadie puede objetar. Lo que falta es la respuesta a las preguntas implícitas: ¿qué oferta hostelera sostendrá ese espacio los trescientos sesenta y cinco días del año? ¿Qué sombra tendrá el paseante en julio? ¿Qué encontrará el crucerista más allá del pasillo entre el barco y el Teatro Romano?

Esas preguntas no están en los pliegos de licitación. Y mientras no tengan respuesta pública, cada fase corre el riesgo de reproducir el mismo patrón: inversión real, ejecución técnica correcta, resultado que no genera el uso prometido. No porque falte dinero. Porque falta modelo.

Treinta y siete millones —más los que no están en el titular— es una apuesta que Cartagena no puede permitirse desperdiciar. Lo que está por determinar es si el cambio estará orientado por una visión clara de ciudad o por la lógica de ejecutar lo que tiene proyecto redactado. Son dos cosas distintas. Y de esa distinción depende, en buena medida, si dentro de treinta años seguiremos hablando de lo que Cartagena tenía que haber hecho con su frente marítimo.

Esta entrega forma parte de la serie sobre el proyecto De Faro a Faro y el futuro del frente marítimo de Cartagena, publicada en Murcia Economía.

Fuentes: Autoridad Portuaria de Cartagena (pliego licitación Fase 4, noviembre 2025; proyecto urgente Héroes de Cavite, junio 2026; adjudicación edificio administrativo Santa Lucía, octubre 2024; infraestructuras eléctricas fachada marítima, junio 2026). Ayuntamiento de Cartagena (obras Fase 1 Plaza Mayor, agosto 2022; saneamiento, febrero 2022). Adif (convenio FFATP-APC terminal Escombreras, 2018). Autoridad Portuaria de Almería (proyecto Puerto-Ciudad, 2023-2029). Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Plan de Empresa 2025-2029). Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Real Decreto 253/2024, estructura orgánica). Ministerio de Cultura (memoria proyecto ARQUA). Murcia Plaza (11 y 22 de junio de 2026; octubre de 2025). Murcia Economía.