El Banco de España considera que limitar temporalmente los usos no residenciales de la vivienda, como los pisos turísticos o determinadas modalidades de alquiler de temporada, puede contribuir a aliviar la crisis de acceso a la vivienda que atraviesa el país. No obstante, el organismo advierte de que estas medidas deben aplicarse con cautela para evitar efectos negativos sobre otros sectores económicos y siempre como complemento a una estrategia centrada en aumentar la oferta residencial.

La propuesta forma parte del Informe Anual 2025 del supervisor, presentado la pasada semana, y fue defendida por el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. Escrivá calificó la situación del mercado inmobiliario como una "emergencia nacional" y aseguró que el principal problema radica en la insuficiente oferta de vivienda para responder al crecimiento de la demanda registrado en los últimos años.

Según el informe, España acumula un déficit cercano a las 750.000 viviendas, consecuencia de una década en la que la construcción ha crecido muy por debajo de la creación de nuevos hogares. A ello se suman factores como el aumento de la población, el dinamismo migratorio, la escasez de suelo urbanizable, la pérdida de capacidad del sector de la construcción y el incremento de los usos alternativos de la vivienda.

Ante este escenario, el Banco de España considera que restringir parcialmente actividades como el alquiler turístico puede liberar parte del parque residencial en las zonas más tensionadas y reducir la presión sobre los precios. Sin embargo, el organismo insiste en que este tipo de actuaciones no constituyen una solución estructural y deben ser evaluadas de forma continua para evitar perjuicios sobre sectores como el turismo, la hostelería, el comercio o la actividad universitaria vinculada al alojamiento temporal.

Durante su intervención en el Congreso, Escrivá reiteró que cualquier limitación de este tipo debe aplicarse "con mucho cuidado" para evitar efectos indeseados y subrayó que la prioridad pasa por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda.

Entre las medidas planteadas por el supervisor destacan la movilización de suelo, el impulso a la construcción de vivienda pública asequible, la industrialización del sector de la edificación y la mejora de las infraestructuras necesarias para facilitar nuevos desarrollos urbanísticos.

El informe también advierte de que políticas como las ayudas directas al alquiler, los incentivos fiscales o las subvenciones a la compra pueden terminar repercutiendo en un aumento de los precios cuando la oferta sigue siendo insuficiente, reduciendo así su eficacia para mejorar el acceso a la vivienda.

Asimismo, Escrivá confirmó que el Banco de España estudia la posibilidad de endurecer los criterios para la concesión de hipotecas de mayor riesgo con el objetivo de evitar la acumulación de desequilibrios financieros similares a los que desembocaron en la crisis inmobiliaria de 2008. No obstante, reconoció que se trata de una medida muy sensible que podría dificultar aún más el acceso a la vivienda de los jóvenes y de las familias con menor capacidad económica, por lo que cualquier decisión se adoptará únicamente tras analizar en profundidad sus posibles consecuencias.