El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley que desbloquea la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, una medida largamente reclamada por los sindicatos tras meses de bloqueo.

La reforma permitirá que las administraciones puedan recurrir a contratos temporales de sustitución a tiempo completo cuando no sea posible formalizar de manera inmediata un contrato fijo de relevo. De este modo, se facilita el acceso a la jubilación parcial de empleados públicos laborales que hasta ahora veían paralizada esta posibilidad por las dificultades para cubrir la plaza de relevista mediante los procedimientos ordinarios de empleo público.

La jubilación parcial permite al trabajador reducir su jornada y acceder a una pensión proporcional, siempre que se cubra el resto de la jornada mediante un contrato de relevo en los supuestos de jubilación anticipada. El problema surgió con los cambios introducidos en la última reforma de pensiones, que exigían que el relevista fuera indefinido y a tiempo completo.

En el ámbito privado, esa exigencia podía resolverse con mayor agilidad. En las administraciones públicas, en cambio, chocaba con los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público, así como con los plazos de las ofertas públicas de empleo.

CSIF celebra el desbloqueo

CSIF ha celebrado la aprobación de la norma y ha recordado que la jubilación parcial era un derecho que había quedado “bloqueado” para el personal laboral de las administraciones públicas.

El sindicato sostiene que la última reforma de pensiones no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público ni las limitaciones existentes para contratar relevistas de forma inmediata. Según CSIF, esa situación dejó en suspenso un derecho reconocido y generó incertidumbre entre miles de trabajadores.

La organización afirma que reclamó una solución durante la negociación del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía. También recuerda que mantuvo reuniones con el Ministerio de Función Pública y que el pasado 11 de junio se movilizó frente al Ministerio de Hacienda para exigir el desbloqueo de la jubilación parcial. CSIF valora el paso dado por el Gobierno, pero reclama que la regulación se extienda también al personal funcionario y estatutario.

CCOO advierte de que el problema no está resuelto del todo

CCOO también ha considerado positivo el avance, aunque ha advertido de que el conflicto sigue abierto. El sindicato denuncia que miles de empleados públicos laborales se han visto impedidos durante meses para ejercer un derecho que tenían reconocido.

La organización considera que el Gobierno generó un escenario “lesivo” al no tener en cuenta la especificidad del empleo público y los principios constitucionales que rigen el acceso a la Administración.

Sin embargo, CCOO advierte de que el problema “está lejos de resolverse totalmente”, ya que sigue pendiente la recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario.

El sindicato recuerda que el Gobierno se comprometió a avanzar en esta materia dentro del Acuerdo para una Administración del Siglo XXI y exige que se remuevan los obstáculos políticos y administrativos que impiden extender este derecho al conjunto del empleo público.

Una reforma pendiente de convalidación

El real decreto-ley entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado, aunque deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo previsto.

La nueva norma incorpora además un régimen transitorio hasta abril de 2027 para facilitar la adaptación progresiva de las administraciones al nuevo sistema. Según la información avanzada, se permitirá vincular jubilaciones parciales a contratos laborales fijos formalizados desde abril de 2024, siempre que procedan de convocatorias derivadas de ofertas públicas de empleo ordinarias.

El Ejecutivo busca así desbloquear una situación que afectaba especialmente a ayuntamientos, comunidades autónomas y universidades, donde se concentra buena parte del personal laboral público.

La aprobación del decreto supone un alivio para este colectivo, pero no cierra el debate. CSIF, CCOO y otras organizaciones mantienen la presión para que la jubilación parcial se regule también para funcionarios y personal estatutario, un asunto que sigue pendiente y que previsiblemente volverá a la negociación con el Gobierno.