El Rock Imperium Festival se ha consolidado como una de las citas de rock duro y heavy metal más multitudinarias del verano en el panorama nacional. Sin embargo, tras el cierre de cada edición, el balance económico y social vuelve a abrir una intensa brecha de opinión en Cartagena. Tras el brillo de los focos y las grandes cifras de afluencia, un sector de la ciudadanía, colectivos vecinales y formaciones de la oposición ponen el acento en "la otra cara" del macroevento: el elevado coste para las arcas públicas y las externalidades negativas que sufre la población local.

El principal punto de fricción radica en el apartado financiero y el origen de los fondos que sustentan la cita. El festival recibe una de las mayores subvenciones directas por parte del Ayuntamiento de Cartagena dentro del área de festejos, una inyección de dinero público que supera los cientos de miles de euros anuales. Desde diversos colectivos sociales se critica que el consistorio asuma un riesgo económico tan elevado para un evento promovido por una promotora privada, argumentando que dichos recursos públicos estarían mejor optimizados si se destinasen a la mejora de infraestructuras en barrios periféricos o a potenciar el tejido cultural de base del municipio durante todo el año.

Contaminación acústica y el "secuestro" de la Cuesta del Batel

Más allá de los balances contables, el impacto logístico en el día a día de la ciudad portuaria genera un profundo malestar vecinal. El epicentro del festival, ubicado en el Parque de la Cuesta del Batel, se sitúa a escasos metros de zonas residenciales del casco histórico. Las quejas por contaminación acústica son recurrentes debido a las jornadas de conciertos que se prolongan hasta altas horas de la madrugada, imposibilitando el descanso de los residentes en plena época de exámenes y jornadas laborales.

A la afección por el ruido se suma el bloqueo del espacio urbano. El montaje de los escenarios y perímetros de seguridad arranca semanas antes de que suene la primera guitarra, lo que supone, en la práctica, la privatización y el cierre al uso público de uno de los pulmones verdes y zonas de paseo más emblemáticas de Cartagena en el inicio de la temporada estival.

Suciedad, problemas de movilidad y precios exclusivos

Los residentes de las zonas limítrofes denuncian también una degradación temporal del entorno urbano durante la semana del festival. La acumulación de basuras en las calles adyacentes, los malos olores y las conductas incívicas puntuales desbordan habitualmente los servicios ordinarios de limpieza y seguridad, obligando al Ayuntamiento a realizar sobreesfuerzos y sobrecostes en turnos especiales de personal de mantenimiento.

La movilidad en los accesos a la ciudad es otro de los puntos negros identificados. El corte de arterias de tráfico clave y la supresión de cientos de plazas de aparcamiento en superficie para ubicar las zonas técnicas del festival provocan retenciones y tensiones circulatorias que complican la rutina de los cartageneros que no participan en el evento.

Finalmente, a nivel puramente comercial, diversos usuarios apuntan que el impacto hostelero no beneficia de igual manera a todo el tejido local. El uso de sistemas cerrados de pago dentro del recinto (como las pulseras cashless) y la instalación de barras propias de la organización concentran gran parte del gasto de los asistentes, mientras que los elevados precios de los abonos echan para atrás al público local de rentas medias, convirtiendo el festival en una propuesta exclusiva que divide el sentir de la ciudad que lo acoge.