Vuelco judicial en el escenario político de la Región de Murcia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado reabrir formalmente la investigación penal en torno a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de José Vélez (PSOE) como alcalde del Ayuntamiento de Calasparra. La resolución judicial revoca el sobreseimiento provisional dictado el pasado mes de marzo por el Juzgado de Instrucción de Cieza tras estimar de manera parcial un recurso de apelación interpuesto por el Partido Popular.

El tribunal concluye en su auto que los indicios delictivos que motivaron la incoación de las diligencias originales, promovidas a raíz de una denuncia de la Fiscalía, “no han quedado desvirtuados”. Por este motivo, la Audiencia considera prematuro el carpetazo a la causa y devuelve el procedimiento a la fase de instrucción judicial activa.

Bajo lupa una década de contratación cultural

Las pesquisas judiciales se centran de forma prioritaria en el periodo comprendido entre los años 2010 y 2020. El objetivo de la instrucción es esclarecer si el consistorio calasparreño, bajo el mandato del mandatario socialista, vulneró de forma sistemática la normativa vigente en materia de contratación pública del sector de la administración.

La Fiscalía aprecia indicios racionales de la existencia de supuestos patrones reiterados de fraccionamiento de contratos. Se investiga si se dividieron servicios de manera artificial para no superar los límites económicos legales que regulan los contratos menores, eludiendo presuntamente la obligatoriedad de convocar concursos de procedimiento abierto y de libre concurrencia competitiva. Los magistrados subrayan en el auto que “es indudable que tales contratos llegaron a celebrarse, porque los servicios se han prestado y las facturas se han pagado”. La reactivación del caso afecta igualmente a representantes de diversas mercantiles privadas que resultaron adjudicatarias de estas prestaciones de servicios de gestión de eventos.

La primera fase de la instrucción en el juzgado de Cieza se topó con serias dificultades administrativas. El juez instructor basó su archivo provisional en la inexistencia de un sistema informático único de archivo municipal entre 2010 y 2022, así como en la pérdida, dispersión y falta de clasificación de numerosos expedientes, lo que dificultaba trazar el circuito administrativo de las adjudicaciones. Sin embargo, el tribunal de apelación determina ahora que estas deficiencias no eximen de continuar la investigación para dirimir si existieron responsabilidades penales.

El contraste con el 'Caso Plaza de Toros'

Este nuevo frente procesal se reabre apenas unos meses después de que el exalcalde lograra un balón de oxígeno judicial en otra causa paralela. En noviembre de 2025, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia dictó el sobreseimiento provisional del denominado 'Caso Plaza de Toros', relativo a presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la organización de los festejos taurinos de la Feria del Arroz entre 2017 y 2019.

Aquel procedimiento, que instruía el Juzgado número 3 de Caravaca de la Cruz y que en su día motivó que el dirigente socialista tuviera que dar un paso al lado en sus responsabilidades orgánicas en el PSRM, quedó archivado al determinarse que se habían superado los plazos legales establecidos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin haber tomado declaración formal a los investigados. No obstante, la Fiscalía General del Estado mantiene un recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo contra dicho cierre definitivo.

Desde el entorno del exregidor de Calasparra se ha vuelto a reiterar la absoluta confianza en la legalidad de toda la gestión desarrollada durante su etapa institucional y confían en que las nuevas diligencias servirán para ratificar la transparencia de los contratos menores analizados. La reactivación de la causa, aclara el texto jurídico, no implica un adelanto de culpabilidad ni prejuzga el resultado del procedimiento, sino que habilita el marco legal para concluir el examen de la documentación contable.