Si algo ha dejado claro la sentencia del ‘caso mascarillas’, más allá de las penas impuestas por el Supremo a un todo exministro y su escudero, por sus más que cuestionables andanzas es que Víctor de Aldama no deja indiferente a nadie. El empresario más popular de España en este momento -con la venia de Amancio Ortega, dueño de Inditex, y Juan Roig, propietario de Mercadona- que no entrará en prisión tras haber colaborado con la Justicia, ha sido el centro de atención de un intenso debate general sobre la suspensión de su condena. Y a juzgar por lo apasionado de los comentarios, Aldama es tan amado como odiado por el público.

Quizás porque detrás de esa fachada de comisionista frío y ambicioso con la que se le presentaba en sociedad, tras estallar el caso hidrocarburos, había un hombre familiar, amigo de sus amigos que se equivocó y quiso enmendar sus errores haciendo lo correcto tarde, aunque a tiempo.

Aldama se autoinculpó en varios de los delitos por los que ha sido juzgado y condenado, pero al hacerlo dejó al descubierto las andanzas de quienes renegaron de él, dijeron no conocerle y trataron de cargarle con el ‘muerto’. Por eso mismo, y más allá de la recompensa del Supremo dejando en suspenso su entrada en prisión, el empresario ha merecido el apoyo y el perdón de una buena parte de los españoles que entienden que de no haber sido por su elección los que ahora están entre rejas seguirían consumiendo prostitución y llevándoselo crudo, a costa de nuestro dinero.

La ‘doctrina Aldama’ ha supuesto un paradigma en la lucha contra la corrupción y ha abierto una vía de cooperación judicial a seguir para algunos de los miembros implicados en otras tramas que están siendo investigadas, ahora mismo, en la Audiencia Nacional. Julito Martínez Martínez, considerado testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; Leire Díez, la ‘fontanera’ de las ‘cloacas’ socialistas de Ferraz; o, el exministro chavista Nervis Villalobos, perseguido por EE.UU. e implicado, formalmente, en el rescate irregular de la SEPI a Duro Felguera, son firmes candidatos para contar todo lo que saben y aliviar futuras y eventuales condenas.

Sea quien sea, tienen un ejemplo claro de cómo tanto Anticorrupción, como los tribunales encargados de los procedimientos más incómodos para el Gobierno, están dispuestos a aliviar las consecuencias legales que correspondan a quienes participaron en las tropelías. Sólo hace falta voluntad, alguna evidencia que refuerce el testimonio y la determinación de saber que serán atacados, insultados y despreciados por todos aquellos a los que dejen desnudos frente al espejo. Por quienes antes decían ser amigos, pero en las duras los han dejado tirados a los pies de los caballos; por los del sálvese quien pueda y que otro asuma las consecuencias; por los 61 periodistas de confianza de quienes manejaban las agendas de las subtramas pensadas para colocar el relato oficial y ‘reventar’ el trabajo de los jueces, magistrados, fiscales y miembros de la UCO. Y así todo.

Quizás por eso mismo, Víctor de Aldama ha expiado sus culpas y ha abierto las puertas al resto para hacer lo correcto. Confesar, aportar las pruebas correspondientes y reparar, en parte, el daño causado a las instituciones, al dinero público y a todos los españoles porque, a fin y al cabo, los cargos van y vienen, el éxito es efímero, pero las personas, sobre todo las buenas, permanecen. Como dijo alguien una vez, en esta vida, no seas tus cosas.