La morosidad vuelve a situarse en el centro del debate empresarial. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha presidido este jueves la reunión del Consejo Estatal de la Pyme, en la que se ha analizado el Informe de Morosidad 2025 y la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, la hoja de ruta con la que el Gobierno quiere mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas.

El encuentro, presidido por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha puesto el foco en uno de los problemas estructurales que más afectan a pequeñas y medianas empresas: los retrasos en los pagos comerciales. Durante la mañana también se reunió el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, órgano consultivo y de vigilancia creado para supervisar, medir y combatir los retrasos en los pagos entre empresas.

El informe presentado refleja una situación desigual. Mientras el sector público ha logrado situar su periodo medio de pago por debajo de los 30 días legales en todos sus niveles, el sector privado mantiene plazos por encima de lo permitido.

Según los datos expuestos, el periodo medio de pago empresarial alcanza los 64 días de acuerdo con el Banco de España y los 67 días según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En ambos casos se supera el límite legal de 60 días.

Además, el 60% de las empresas denuncia la imposición de plazos de pago indebidos, una práctica que afecta especialmente a las pymes y, sobre todo, a las microempresas.

Más control y factura electrónica

Ante este escenario, el Consejo Estatal de la Pyme ha subrayado la necesidad de reforzar los mecanismos de control, mejorar la trazabilidad de los datos y avanzar en herramientas que garanticen el cumplimiento de los plazos de pago.

La factura electrónica aparece como una de las piezas clave para mejorar la transparencia y detectar con mayor precisión los incumplimientos en los pagos comerciales.

La morosidad no solo genera tensiones de liquidez, sino que limita la capacidad de inversión, innovación y crecimiento de muchas empresas pequeñas, que tienen menos margen financiero para soportar retrasos prolongados en el cobro de sus facturas.

Actualización del Marco Estratégico Pyme 2030

La reunión también ha abordado la actualización del Marco Estratégico en Política de Pyme 2030, concebido como una herramienta para ordenar y coordinar las políticas públicas dirigidas al tejido empresarial.

El Ministerio ha precisado que no se trata de crear un nuevo marco, sino de consolidar el existente y adaptarlo a los retos actuales y a las prioridades europeas El nuevo enfoque busca impulsar un salto estructural en la competitividad de las pymes españolas. Para ello, el plan se organiza en seis grandes ejes de actuación: crecimiento empresarial, talento, financiación, innovación y digitalización, sostenibilidad e internacionalización.

El diagnóstico del Gobierno apunta a un tejido productivo todavía muy atomizado, con un elevado peso de las microempresas y una brecha de productividad respecto a la media europea.

Ganar tamaño y productividad

El Marco Estratégico Pyme 2030 pretende corregir debilidades estructurales del tejido empresarial español y favorecer una transición hacia empresas más innovadoras, resilientes y competitivas.

La estrategia se apoya en reformas recientes como la Ley Crea y Crece, la Ley de Startups y los instrumentos del Plan de Recuperación, además de incorporar una gobernanza multinivel para mejorar la coordinación entre administraciones y agentes económicos.

El Consejo Estatal de la Pyme, renovado tras la reforma de 2024, refuerza así su papel como órgano de seguimiento de las políticas públicas dirigidas a pequeñas y medianas empresas, evaluación de la morosidad y propuesta de medidas para mejorar la competitividad.