El Consejo de Gobierno extraordinario celebrado este viernes ha aprobado el Decreto Ley de Vivienda Asequible, una norma con la que el Ejecutivo regional quiere incrementar la oferta de vivienda, reducir plazos administrativos y crear condiciones más favorables para poner en marcha nuevas promociones en la Región de Murcia.

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha comparecido tras la reunión junto al consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, para explicar las principales medidas del decreto, que ahora deberá ser remitido a la Asamblea Regional para su convalidación en el plazo máximo de un mes.

El Gobierno regional defiende que la norma busca dar respuesta a uno de los principales problemas de los ciudadanos, especialmente jóvenes y familias, en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso tanto a la compra como al alquiler.

López Aragón ha asegurado que “el diálogo ha dado sus frutos” y ha enmarcado la aprobación del decreto en el compromiso anunciado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante el último Debate sobre el Estado de la Región.

Impuesto reducido del 4% y más beneficiarios

Una de las principales novedades del decreto es la ampliación de los beneficiarios que podrán acceder al tipo reducido del 4% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda protegida.

Hasta ahora, este beneficio fiscal estaba limitado a rentas de hasta 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM. El nuevo decreto eleva ese umbral hasta 5,5 veces el IPREM, lo que permitirá que más ciudadanos puedan acogerse a estas ventajas fiscales.

Según García Montoro, la medida reducirá el esfuerzo económico necesario para adquirir una vivienda protegida y ampliará el acceso a familias y jóvenes de rentas medias.

Menos plazos para construir vivienda protegida

El decreto declara urgentes todos los procedimientos relacionados con la vivienda asequible y protegida, de forma que tendrán prioridad legal frente al resto de expedientes.

El consejero ha defendido que esta medida permitirá reducir en más de un 50% los plazos de tramitación necesarios para desarrollar promociones residenciales. La norma incorpora también nuevas herramientas administrativas, como el proyecto unificado residencial, con el objetivo de simplificar trámites y evitar duplicidades.

El Gobierno regional sostiene que la agilidad administrativa será uno de los elementos clave para atraer nuevas promociones y aumentar la oferta disponible.

Más edificabilidad para impulsar promociones

La norma incorpora un sistema de primas de edificabilidad para favorecer la construcción de vivienda protegida y la regeneración de espacios urbanos.

Entre las medidas previstas figura un incremento de edificabilidad de hasta el 40% en suelos urbanos con antiguos usos industriales. Ese porcentaje podrá alcanzar el 50% cuando la totalidad del desarrollo se destine a vivienda protegida.

El decreto contempla también incrementos de edificabilidad en determinados solares afectados por restos arqueológicos o paleontológicos, así como mecanismos para reactivar promociones paralizadas siempre que al menos la mitad de las viviendas sean protegidas. El Ejecutivo regional defiende que estas medidas permitirán desbloquear suelos, hacer viables nuevos proyectos y favorecer la regeneración urbana.

Terrazas sin computar hasta el 30%

El tercer eje del decreto se centra en la mejora de la calidad residencial. Entre los cambios urbanísticos previstos, las terrazas cubiertas dejarán de computar edificabilidad hasta un máximo del 30% de la superficie de la vivienda.

El objetivo, según García Montoro, es favorecer viviendas más habitables, con más espacio exterior y mejores condiciones de confort sin reducir superficie útil en el interior.

La medida busca responder a una demanda creciente de viviendas con terrazas, zonas exteriores y espacios más adaptados a las nuevas necesidades residenciales.

El criterio de arraigo

Uno de los puntos de mayor carga política es la incorporación del principio de “prioridad nacional”, pactado con Vox para facilitar la aprobación parlamentaria del decreto.

García Montoro ha explicado que este principio se articulará mediante el criterio de arraigo, vinculado al tiempo de empadronamiento. Su desarrollo concreto se hará posteriormente mediante reglamento y, según el consejero, siempre “al amparo del ordenamiento jurídico vigente”. El Gobierno regional deberá precisar en ese desarrollo reglamentario cómo se aplicará el criterio, qué peso tendrá en los procesos de adjudicación y de qué manera se garantizará su encaje legal.

El precio del módulo, pendiente

El consejero también se ha referido al precio del módulo de la vivienda protegida, fijado actualmente en 1.655 euros. García Montoro ha señalado que el Gobierno regional trabaja en una futura orden para actualizarlo, aunque ha precisado que todavía no existe una cifra definitiva.

A su juicio, el precio actual está “completamente fuera de la realidad” y el nuevo módulo deberá ajustarse al coste real de construcción de una vivienda y a las condiciones actuales del mercado.

El decreto abre ahora una fase decisiva en la Asamblea Regional, donde deberá ser convalidado. El Gobierno regional confía en que la norma permita acelerar la construcción de vivienda asequible en la Región de Murcia, mientras la oposición y los agentes del sector analizarán el alcance real de las medidas, su aplicación práctica y el desarrollo reglamentario pendiente.