El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CESRM) ha presentado este martes su Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral correspondiente al ejercicio anterior. Un documento de consenso que analiza las grandes magnitudes macroeconómicas y que, en esta ocasión, dibuja una realidad dual: la Región mantiene un sólido dinamismo en creación de empleo y actividad comercial, pero arrastra graves deficiencias estructurales en materia de digitalización, siniestralidad, brecha de género y educación que amenazan con lastrar su competitividad a largo plazo.

El acto de presentación ha contado con una amplia representación institucional y social, encabezada por el presidente del CESRM, José Antonio Cobacho, y la consejera de Economía y Hacienda, Marisa López Aragón, junto a portavoces de la patronal CROEM, los sindicatos UGT y CCOO, y colectivos de consumidores.

En el plano macroeconómico, la Memoria constata la notable resiliencia del tejido productivo murciano. A pesar de la ralentización de las grandes potencias de la Unión Europea y de la inestabilidad geopolítica internacional, la economía de la Región de Murcia cerró el año con un crecimiento estimado del PIB que ronda el 3%.

Esta expansión económica, aunque algo más moderada que la registrada en el año previo, se apoyó firmemente en la demanda interna, espoleada tanto por el dinamismo del consumo de los hogares como por la inversión empresarial. Según destacó la consejera López Aragón, los datos muestran una economía que "sigue avanzando, creciendo y generando oportunidades" a pesar de los importantes desafíos que restan por delante.

El principal hito del balance socioeconómico se localiza en el mercado de trabajo. Durante la segunda mitad del año, la Región de Murcia superó por primera vez en su historia la barrera de las 700.000 personas ocupadas, un logro favorecido por un incremento del 1,6% en la población activa y un descenso progresivo del desempleo general.

Sin embargo, los agentes sociales participantes en la memoria han puesto el foco sobre las debilidades del modelo laboral:

• Precarización y economía sumergida: Desde UGT, Paqui Salmerón alertó de la persistencia de ocupaciones de baja cualificación y el peso de la economía irregular.

• Temporalidad en la Administración: El CESRM denuncia que la temporalidad en el empleo público murciano se sitúa en un alarmante 32%, cuadruplicando el objetivo estatal legal del 8%.

• Siniestralidad y salud: CCOO, a través de Teresa Fuentes, lamentó que la siniestralidad laboral siga por encima de la media de España, registrando 37 fallecidos en el puesto de trabajo. Además, el informe analiza por primera vez las bajas por contingencias comunes, vinculando su repunte al envejecimiento de las plantillas y al aumento de patologías de salud mental y musculoesqueléticas.

• Brecha de género: A pesar de que las trabajadoras murcianas cuentan con mayor nivel de estudios que sus homólogos masculinos, soportan salarios más bajos, mayor parcialidad y una brecha de empleo de 13 puntos porcentuales.

El drama del abandono escolar y el colapso del acceso a la vivienda

El ámbito de la enseñanza también refleja contradicciones. Aunque el gasto educativo del Gobierno regional alcanzó una cifra récord de 2.070 millones de euros, los déficits estructurales persisten. El principal caballo de batalla sigue siendo el abandono educativo temprano, que escaló hasta el 20,6%, convirtiéndose en la tasa más elevada de España. El CESRM insiste en que la formación es la principal barrera contra la exclusión, puesto que la tasa de paro cae hasta el 8,6% entre quienes cuentan con estudios superiores.

En lo que respecta a la actividad comercial, el comercio minorista actuó como un gran motor del sector servicios empleando a 124.000 personas (un crecimiento del 46,8%), aunque la Asociación de Consumidores advirtió de un cambio de modelo que destruye el comercio tradicional en favor de grandes formatos y la concentración empresarial.

Por último, la Memoria del CESRM sitúa de forma explícita el acceso a la vivienda como uno de los mayores problemas sociales y económicos del territorio. Para atajar la escalada de precios, el Consejo ha exigido de forma unánime una estrategia integral de urgencia que combine el aumento del parque de vivienda asequible, un mejor uso de las viviendas vacías existentes, la agilización de la burocracia y una alianza firme entre el sector público y el sector privado.