Tomás Rubio, alcalde de Cieza.Tensión extrema en la vida política y social de Cieza. Una protesta ciudadana en forma de cacerolada, convocada por diversos colectivos vecinales del municipio, ha terminado de la peor manera posible tras registrarse una agresión directa contra el alcalde de la localidad, quien recibió el impacto de un botellazo en mitad de la concentración.
La movilización, que se había articulado originalmente como una muestra de descontento vecinal, congregó a un grupo de manifestantes en las inmediaciones de la sede consistorial. Sin embargo, los acontecimientos se desbordaron cuando uno de los presentes arrojó un envase de vidrio que alcanzó al regidor municipal, desatando de inmediato la lógica alarma entre los servicios de seguridad y los miembros de la corporación local.
La polémica no ha terminado con el acto violento en sí, sino que se ha acrecentado tras las declaraciones oficiales emitidas por las plataformas ciudadanas que organizaron la cacerolada. Aunque los portavoces de los colectivos han querido condenar de forma explícita el uso de la violencia en el marco de las movilizaciones sociales, las justificaciones utilizadas posteriormente han encendido el debate político.
En un intento de desmarcar al movimiento de la agresión individual, los organizadores han asegurado que la manifestación no iba dirigida contra una persona en concreto, sino que era una crítica generalizada "contra las políticas aplicadas por PP, PSOE y Vox" en el municipio.
No obstante, las explicaciones posteriores han restado gravedad al suceso de una forma que ha indignado a las fuerzas políticas, al asegurar textualmente que al autor del lanzamiento «se le ha escapado» la botella, enmarcando el impacto como un hecho accidental o fortuito.
Condena unánime del arco político
El conjunto de los grupos políticos con representación institucional ha salido al paso de forma inmediata para mostrar su total solidaridad con el alcalde ciezano y condenar sin paliativos un ataque que consideran intolerable en una sociedad democrática.
Fuentes del entorno municipal insisten en que este tipo de conductas cruzan una línea roja peligrosa y exigen que se depuren las responsabilidades civiles y penales pertinentes contra el agresor, rechazando frontalmente cualquier intento de normalizar o relativizar el lanzamiento de objetos contra los representantes públicos bajo el amparo de la libertad de protesta.









