El absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes debates de la semana en España. Las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre la necesidad de actuar ante el aumento de las ausencias al trabajo han provocado una reacción en cadena de sindicatos, patronal y organizaciones de autónomos, que discrepan sobre el diagnóstico, las causas y las posibles soluciones.

El choque se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las bajas laborales. Según el último informe de Randstad Research, el absentismo laboral cerró 2025 en el 7,1% de las horas pactadas, con casi 1,6 millones de empleados ausentes de media cada día. De ellos, más de 1,2 millones estaban de baja médica por incapacidad temporal.

Feijóo abrió la polémica al calificar el absentismo laboral como “un cáncer que no podemos pagar” y al sugerir que los trabajadores que estén de baja no mantengan el mismo nivel de sueldo y prestaciones. El líder del PP defendió que España no puede permitirse que casi 1,2 millones de personas no acudan a trabajar cada día y planteó abordar el problema “con o sin acuerdo” con patronal y sindicatos.

Sus palabras desataron críticas inmediatas del Gobierno. El presidente Pedro Sánchez acusó a Feijóo de proponer que los trabajadores enfermos cobren menos y defendió que los derechos laborales “no se recortan”. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también rechazó el planteamiento al señalar que estar enfermo “no es una elección” y que desproteger a las personas trabajadoras en ese momento sí lo es.

La patronal, por su parte, venía elevando desde hace semanas la presión sobre este asunto. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha llamado a los sindicatos a sentarse a negociar medidas contra el absentismo y les ha acusado de no estar siendo “responsables” en esta materia. Durante la Asamblea General de Cepyme, Garamendi sostuvo que cada día faltan al trabajo en España 1,4 millones de personas y que el coste anual ronda los 33.000 millones de euros, de los que 17.000 millones serían asumidos por las empresas.

Entre las medidas defendidas por la patronal figura dar más capacidad de actuación a las mutuas para agilizar pruebas diagnósticas y tratamientos, así como liberar a las empresas del pago de determinadas prestaciones durante los primeros días de baja por incapacidad temporal. Garamendi también vinculó el asunto a la negociación de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, después de que el anterior AENC caducara en 2025.

Los sindicatos han respondido con dureza tanto al PP como a la patronal. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado a Feijóo de plantear el debate desde “debates indocumentados” y ha insistido en que una baja médica no es lo mismo que una ausencia injustificada. Según Álvarez, las bajas tienen que ver con problemas de salud y con la situación de los servicios sanitarios públicos, no con una supuesta falta generalizada de voluntad de trabajar.

UGT también ha publicado un comunicado en el que acusa al líder del PP de identificar la incapacidad temporal con el absentismo y de mezclar bajas por enfermedad, permisos, licencias y otros derechos laborales. El sindicato sostiene que reducir salarios o prestaciones durante una baja supone castigar a trabajadores que padecen enfermedades, han sufrido accidentes, esperan intervenciones quirúrgicas o atraviesan problemas de salud mental.

Desde CCOO, Unai Sordo también ha rechazado el enfoque del PP y ha criticado que se plantee “mandar a la gente a trabajar enferma” o reducir prestaciones que han sido pactadas entre empresas y trabajadores en los convenios colectivos. Los sindicatos recuerdan, además, que el absentismo injustificado ya puede conllevar sanciones y que el debate no debe confundirse con la incapacidad temporal reconocida por un médico.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, se ha sumado a las críticas y ha tachado de “grave error” vincular las bajas por incapacidad temporal con el absentismo injustificado. La organización considera que este enfoque pone bajo sospecha a los trabajadores enfermos y cuestiona de forma indirecta el criterio de los profesionales sanitarios que valoran cada proceso.

UPTA recuerda que en España hay cerca de 488.520 autónomos empleadores que sostienen más de 1,1 millones de puestos de trabajo. La organización admite que una baja en una microempresa tiene un impacto inmediato sobre la actividad, pero defiende que precisamente por eso los autónomos conocen el valor de cada trabajador y entienden que proteger su salud también es proteger la continuidad del negocio.

La organización que preside Eduardo Abad reclama que el debate se centre en reforzar la sanidad pública y no en cuestionar las bajas médicas. UPTA apunta a las listas de espera, la saturación de la Atención Primaria, el retraso en pruebas diagnósticas y la demora en tratamientos y rehabilitación como factores que pueden prolongar innecesariamente muchos procesos de incapacidad temporal.

Las bajas por incapacidad temporal se han disparado desde la pandemia y su coste se ha situado por encima de los 33.000 millones de euros, según las estimaciones manejadas en los últimos informes y por los agentes sociales. Las patologías musculoesqueléticas, respiratorias y de salud mental figuran entre las causas que explican una parte importante del incremento.

El problema, sin embargo, se interpreta de forma muy distinta según quién lo analice. Para la patronal, el aumento de las bajas afecta a la productividad, tensiona a las empresas y golpea especialmente a las pymes, que tienen menos margen para sustituir trabajadores. Para los sindicatos y UPTA, el riesgo está en convertir un problema sanitario y organizativo en una sospecha generalizada sobre quienes enferman.

La discusión seguirá abierta en los próximos meses, previsiblemente dentro del diálogo social y de la negociación colectiva. Mientras la CEOE reclama cambios normativos y más intervención de las mutuas, sindicatos y autónomos piden reforzar la sanidad pública, mejorar la prevención de riesgos laborales y separar con claridad el absentismo injustificado de las bajas médicas reconocidas por profesionales sanitarios.