El Gobierno de la Región de Murcia ha rechazado la modificación del Reglamento General de Costas impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al considerar que el texto incrementa la inseguridad jurídica en el litoral, condiciona las competencias autonómicas y no atiende las alegaciones presentadas por la Comunidad.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, trasladó esta posición durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, celebrada por vía telemática, donde criticó que el Gobierno central utilice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como argumento para modificar, a través de un reglamento, materias que, según la Región, deberían regularse mediante la Ley de Costas.

La reforma del Reglamento General de Costas fue sometida a información pública por el Ministerio en marzo con el objetivo de modificar el régimen de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y establecer procedimientos de selección “imparciales, transparentes y sujetos a concurrencia competitiva” para actividades económicas.

El Gobierno regional sostiene, sin embargo, que el proyecto va más allá de una modificación técnica y afecta directamente al marco competencial de las comunidades autónomas con litoral. García Montoro censuró que el Ministerio no haya permitido votar el texto en la conferencia sectorial y que no haya atendido las alegaciones formuladas por la Región de Murcia y por otras autonomías.

“Una reforma de este alcance necesita diálogo y consenso, y esas condiciones no se dan en la actualidad”, defendió el consejero, que reclamó al Ejecutivo central la retirada del texto y la apertura de un proceso de negociación con las comunidades autónomas afectadas.

Durante la reunión, la Región respaldó la solicitud planteada por varias autonomías para suspender la tramitación del reglamento y convocar una conferencia sectorial monográfica que permita analizar en profundidad su contenido y sus efectos sobre la gestión del litoral.

La oposición a la reforma no es exclusiva de la Región de Murcia, ya que otras comunidades con costa, como la Comunitat Valenciana o Galicia, también han planteado objeciones al texto por considerar que puede invadir competencias autonómicas, restringir derechos y generar incertidumbre sobre la ordenación y gestión del litoral.

García Montoro advirtió de que el proyecto presenta contradicciones con diversos preceptos de la propia Ley de Costas, por lo que considera necesario replantear la reforma y abordar, antes de cualquier desarrollo reglamentario, una modificación de la norma legal.

Entre las alegaciones presentadas por la Región figura el rechazo a la nueva regulación sobre compatibilidad con las estrategias marinas. El Ejecutivo autonómico entiende que introduce criterios que generan incertidumbre, dificultan la tramitación administrativa y condicionan de forma relevante los expedientes que corresponden a las comunidades autónomas.

El consejero también criticó que el proyecto otorgue carácter vinculante a informes estatales que actualmente no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las autonomías y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias.

A juicio del Gobierno regional, estos cambios alteran el marco competencial vigente y pueden complicar la gestión de autorizaciones, concesiones y expedientes vinculados al dominio público marítimo-terrestre. La Comunidad ya había reclamado en mayo mayor seguridad jurídica, transparencia y lealtad institucional en la gestión del litoral ante la incertidumbre generada por los deslindes.

Uno de los puntos que más preocupa al Ejecutivo regional es la posibilidad de que el nuevo reglamento favorezca nuevos procesos de deslinde. Según García Montoro, estos procedimientos podrían afectar a viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa, además de añadir complejidad a la tramitación administrativa.

El debate sobre el Reglamento de Costas llega después de que el Tribunal Supremo anulara en 2024 una modificación anterior aprobada por el Gobierno en 2022 por no haber realizado la consulta pública previa obligatoria. Esa anulación obligó al Ministerio a reabrir la tramitación del nuevo texto.

El Gobierno regional insiste en que no se opone a revisar la normativa de costas, pero sí a hacerlo mediante un reglamento que, a su juicio, invade competencias autonómicas y no resuelve las contradicciones existentes con la Ley de Costas.

Por todo ello, la Región de Murcia ha reiterado su oposición a la tramitación del proyecto en los términos actuales y ha reclamado al Gobierno central que retire el texto, abra un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas y promueva, si lo considera necesario, una reforma legal que clarifique el marco jurídico antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.