El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha remitido a las comunidades autónomas la documentación necesaria para efectuar el pago de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotada con 800 millones de euros.

La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado que su departamento ha cumplido el compromiso de formalizar en julio el primer pago correspondiente a la aportación estatal. A partir de ahora, el desembolso queda pendiente de que los gobiernos autonómicos firmen la documentación enviada por el Ministerio.

El trámite remitido a las comunidades incluye una propuesta de resolución y un modelo de conformidad en el que las autonomías deben ratificar que aceptan los requisitos fijados por el Gobierno para acceder a los fondos. Esos requisitos pasan por blindar la protección de las viviendas públicas financiadas con cargo al plan y por asumir el modelo de cofinanciación previsto.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el plan anterior, y establece una financiación compartida: el Estado aportará el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40% restante.

El objetivo principal del programa es ampliar el parque de vivienda pública, protegida y asequible, además de impulsar la rehabilitación del parque existente y reforzar las ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes, familias y colectivos vulnerables.

Según el diseño aprobado por el Gobierno, el 40% de la inversión deberá destinarse a aumentar la oferta de vivienda pública asequible, ya sea mediante construcción o adquisición; el 30% irá a rehabilitación y el 30% restante se orientará a ayudas para personas con más dificultades de acceso a la vivienda.

Rodríguez ha defendido que el nuevo plan incorpora por primera vez una mirada específica al mundo rural, tanto para facilitar el acceso a la vivienda como para favorecer la rehabilitación de inmuebles en cascos históricos y municipios pequeños. El Ministerio contempla, entre otras medidas, ayudas para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes y ayudas extra para rehabilitación en cascos históricos.

La ministra ha insistido en que el medio rural puede ser “una oportunidad de una vida distinta” y una herramienta de cohesión territorial. En este sentido, el plan busca movilizar vivienda vacía, rehabilitar inmuebles en zonas rurales y facilitar que nuevos hogares puedan asentarse en municipios con menor población.

En el caso de la Región de Murcia, el reparto aprobado asigna al territorio el 4,4% del total de los fondos. Esto supone una movilización de 308 millones de euros hasta 2030 y una primera anualidad de 35,2 millones de euros en 2026.

El Gobierno regional mostró su conformidad con el reparto de fondos, aunque mantiene críticas al modelo de cofinanciación y a determinadas condiciones del plan. La Comunidad ha cuestionado que la aportación autonómica pase del 20% al 40% y ha advertido de que algunas medidas, como la protección permanente de la vivienda financiada, pueden afectar a la normativa autonómica.

Pese a esas discrepancias, el Ejecutivo regional anunció que acataría el plan “por responsabilidad política”, al considerar necesario no perder unos fondos destinados a políticas públicas de vivienda. La llegada de la primera anualidad dependerá ahora de la firma de la documentación remitida por el Ministerio.

El Gobierno central confía en que las comunidades autónomas completen el trámite cuanto antes para que los fondos puedan ejecutarse y se aceleren las actuaciones previstas. La prioridad, según Vivienda, es que los recursos lleguen al territorio y permitan avanzar en la construcción de vivienda pública, la rehabilitación y las ayudas al acceso a la vivienda.