La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución de Begoña Gómez, de su asesora Cristina Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés en la causa que investiga la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Ministerio Público considera que los hechos no son constitutivos de delito y sostiene que ninguno de los investigados obtuvo remuneración ni beneficio económico derivado de las actividades analizadas.

En su escrito de conclusiones, el fiscal recuerda que Begoña Gómez estuvo vinculada a la Universidad Complutense de Madrid a través de una cátedra de la que fue codirectora y por la que, según el Ministerio Público, percibió “cero euros”. La Fiscalía también señala que las sociedades y empresas que participaron en el proyecto no pretendieron ni obtuvieron remuneración por su colaboración, ni consta vinculación entre esa actividad y la contratación en el sector público o privado.

El Ministerio Público subraya que ni Gómez, ni Álvarez, ni Barrabés obtuvieron beneficio directo o indirecto por la actividad de la Cátedra de Transformación Social Competitiva ni realizaron presiones sobre las empresas relacionadas con el proyecto o sus patrocinios. Tampoco aprecia perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense.

Por todo ello, la Fiscalía entiende que no existe infracción penal y solicita la libre absolución de los tres acusados. El escrito propone, no obstante, la declaración de una treintena de testigos, entre ellos empresarios, asesores de Moncloa y personal de la Universidad Complutense, para el caso de que el procedimiento llegue finalmente a juicio.

El pronunciamiento de la Fiscalía se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado enviara a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El magistrado acordó además medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado.

La Fiscalía también ha recurrido la retirada del pasaporte a Begoña Gómez y a Cristina Álvarez. En su recurso, el Ministerio Público defiende que ambas tienen arraigo en España, carecen de vínculos con el extranjero que permitan sostener un riesgo de fuga y no disponen de bienes o activos que faciliten una eventual salida del país.

El fiscal considera que las medidas cautelares acordadas por Peinado son innecesarias y desproporcionadas. También critica la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, al entender que carece de sentido si no existe un riesgo real de fuga.

En el recurso, la Fiscalía cuestiona además que el juez aluda a la posibilidad de que miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad pudieran facilitar una eventual fuga. A juicio del Ministerio Público, ese argumento carece de base racional y proyecta una sospecha infundada sobre instituciones públicas.

El escrito también califica de llamativa la referencia judicial a la retirada de “cuantos pasaportes pudiera disponer” Begoña Gómez, salvo que se aluda a la supuesta adquisición de nacionalidad dominicana, un dato que la Fiscalía considera irreal y difundido en determinados medios.

La decisión sobre estas medidas cautelares queda ahora en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá resolver los recursos presentados. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su posición de fondo: no aprecia delito en la actividad investigada y pide la absolución de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés.

El caso continúa así en una doble vía: por un lado, la discusión sobre si los hechos deben llegar a juicio y, por otro, el debate sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares impuestas por el juez instructor. Para la Fiscalía, ninguna de esas medidas está justificada por el resultado de la investigación patrimonial ni por el arraigo personal y profesional de las investigadas.