Los micrófonos de MurciaEconomía Radio han destapado la profunda crisis laboral y organizativa que sufre el Ayuntamiento de Murcia. El secretario de la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el consistorio capitalino, Francisco Javier Illán Gómez, ha concedido una entrevista exclusiva en la que detalla un escenario de "parálisis institucional, arbitrariedad y vulneración sistemática de derechos básicos" que está afectando tanto a la plantilla como a la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Durante la conversación, Illán Gómez ha radiografiado el colapso de los procesos de estabilización, la brecha salarial que sufren decenas de empleados y el bloqueo absoluto del diálogo social en la Glorieta de España en este arranque de año.

El portavoz sindical ha puesto el foco sobre los retrasos injustificados en las incorporaciones de personal, responsabilizando directamente a la Concejalía de Personal de retener los expedientes. Según Illán, una vez que el concejal del área da el visto bueno a una contratación, la firma del nombramiento se demora "durante semanas o incluso meses".

"Esta parálisis administrativa provoca una injusticia flagrante: personas con menor puntuación en la bolsa de empleo acaban tomando posesión y trabajando antes que quienes les precedían en el orden de prelación, simplemente porque su expediente se firmó antes", ha lamentado Illán Gómez.

Oposiciones congeladas y una interinidad que se dispara

El análisis macroeconómico de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Ayuntamiento de Murcia revela un atasco histórico. El secretario de CCOO ha denunciado que las convocatorias acumuladas de los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 carecen todavía de tribunales examinadores designados.

Esta inacción provoca que la tasa de temporalidad municipal se sitúe en niveles alarmantes, incumpliendo las directrices estatales. "El concurso-oposición de estabilización de 2022 debía estar cerrado por ley. El resultado de este retraso es que la tasa de interinidad en el Ayuntamiento es más alta ahora que cuando empezamos, con trabajadores que acumulan más de ocho años encadenando contratos temporales sin ninguna perspectiva razonable de futuro", argumentó en antena.

A esto se suman decisiones calificadas de "arbitrarias" por el sindicato, como la modificación del corte de la bolsa de ordenanzas (elevado a 50 puntos de forma unilateral frente a los 30 que dictaban las bases), lo que ha dejado fuera a aspirantes cualificados mientras conserjes prestan servicios de ordenanza sin cumplir los requisitos de la categoría.

Brecha salarial de 140 euros en Atención a la Ciudadanía

Uno de los agravios económicos más llamativos expuestos en MurciaEconomía Radio se localiza en el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC). Illán Gómez ha denunciado que se está vulnerando el principio de igual salario por igual trabajo: 27 de los 86 empleados de este departamento perciben casi 140 euros menos al mes que el resto de sus compañeros realizando idénticas funciones. Una discriminación que el propio servicio ha reconocido y reclamado, pero que sigue bloqueada políticamente.

El secretario sindical ha repasado otros incumplimientos sistemáticos del convenio, como los retrasos en los pagos de kilometraje, la congelación de los reconocimientos de grado en la carrera profesional o el retraso de tres meses en las ayudas al estudio tras un intento de recorte por parte del Ejecutivo local.

Para Francisco Javier Illán, la raíz del problema está en el "apagón" de la negociación colectiva. En lo que va de año, el Ayuntamiento solo ha convocado una Mesa General de Negociación, dejando en el limbo una densa agenda de conflictos por resolver. "¿De qué sirve sentarse a firmar un convenio colectivo si luego el equipo de Gobierno niega los derechos mediante la sencilla técnica de no firmar las resoluciones?", cuestionó el líder de CCOO.

La entrevista concluyó con una dura acusación de trato de favor e interferencia sindical por parte del consistorio. Según detalló Illán, el Ayuntamiento está aplicando una política de castigo hacia CCOO, denegando permisos sin sueldo y prórrogas de jubilación a sus delegados, unos beneficios laborales que, según sus palabras, "sí son autorizados con rapidez a los responsables de secciones sindicales más complacientes con el desgobierno municipal".