España se ha convertido en el Estado miembro de la Unión Europea donde más ha crecido la presión fiscal a lo largo de los últimos diez años. Según refleja el Informe Anual sobre Fiscalidad 2026, hecho público este viernes por la Comisión Europea, el país registró un incremento de 2,9 puntos porcentuales del PIB al comparar los periodos 2015-2019 y 2020-2024. Una evolución alcista que, según el Ejecutivo comunitario, se explica de forma casi exclusiva por el repunte en la recaudación de los gravámenes que pesan sobre el factor trabajo.

Con este repunte, España encabeza la tabla europea de incremento de ingresos tributarios en relación con el tamaño de su economía, situándose por delante de Lituania (+2,3 puntos) y Luxemburgo (+2,2 puntos). En el extremo opuesto, los retrocesos más significativos a nivel comunitario corresponden a Malta y Hungría, donde la presión fiscal se contrajo 2,8 puntos porcentuales en ambos casos.

El motor de la recaudación: El factor trabajo frente al consumo

El documento de Bruselas desglosa la naturaleza de los ingresos del Estado y aclara que el incremento en la ratio española responde "casi por completo" al aumento de las rentas y cotizaciones procedentes de la tributación del trabajo. Por contra, los impuestos vinculados al capital apenas han experimentado variaciones al alza, mientras que los ingresos ligados directamente al consumo han mostrado un comportamiento de retroceso.

Asimismo, el informe de la Comisión Europea destaca dos particularidades del sistema fiscal español dentro del contexto de los Veintisiete:

• Impuesto sobre el Patrimonio: España se mantiene actualmente como el único Estado miembro de la UE que conserva una figura impositiva sobre el patrimonio neto. La Comisión advierte en su análisis de que la eficacia real de este tributo queda supeditada a su diseño específico y a la fortaleza de la capacidad administrativa para evitar la elusión.

• Descentralización autonómica: España figura en el reducido grupo de cuatro países de la Unión (junto a Alemania, Bélgica y Austria) con una estructura territorial donde las regiones disponen de capacidad fiscal propia. En el caso español, las comunidades autónomas gestionan y concentran el 16,9% de los ingresos tributarios totales.

Brecha persistente con la media de la eurozona

Pese al marcado incremento cosechado en la última década, los datos de la Comisión Europea confirman que la presión fiscal en España continúa instalada por debajo de la media de los países de la moneda única.

En el año 2024, los ingresos tributarios en España supusieron el 36,8% del PIB, frente al 39,8% de la eurozona. En 2025, la tasa española escaló hasta el 37,8%, reduciendo la distancia a 2,5 puntos respecto al 40,3% del promedio de la zona euro.

Las proyecciones de Bruselas para este año 2026 y el próximo ejercicio 2027 apuntan a que este diferencial técnico se mantendrá estable. El Ejecutivo comunitario estima que España registrará una presión fiscal del 38,2% en 2026 y del 38,4% en 2027, mientras que el conjunto de la eurozona se estabilizará en el 40,6% en ambos periodos.