El Ministerio de Hacienda ha remitido a las comunidades autónomas el borrador del acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, según han confirmado fuentes del Departamento que dirige Arcadi España.

Tras el envío del borrador, el próximo martes día 14 de julio está prevista una reunión del comité técnico para discutir la propuesta y, posteriormente, el día 29, se reunirá a los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cualquier caso, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ya ha trasladado esta misma semana que desde su departamento están abiertos a dialogar --vía telefónica o con reuniones-- con todas las comunidades autónomas ante las dudas que les puedan surgir antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal el 29 de julio.

Además, ha asegurado que en el Ministerio están estudiando propuestas que han ido trasladando determinadas comunidades autónomas en las reuniones bilaterales y ha confirmado que se incorporarán al proyecto algunas de ellas.

La intención es que, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, vaya después del verano a aprobación en el Consejo de Ministros y, luego, al Congreso de los Diputados, que es donde se tiene que aprobar por parte de los grupos parlamentarios, con el objetivo de que entre en vigor en 2027.

Si la propuesta, cuyas líneas generales se presentaron el pasado enero en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), entra en vigor en 2027, las comunidades recibirán el próximo año 20.975 millones más que con el modelo vigente. Según las estimaciones realizadas, el nuevo sistema de financiación aportaría a las comunidades autónomas en torno a 224.500 millones, una cifra muy superior, por ejemplo, a los 152.484 millones recibidos en 2023, que es el año base para determinar las necesidades de financiación.

Dentro de la reforma, el Gobierno ha planteado un incremento del porcentaje de cesión a comunidades autónomas del IRPF desde el 50% al 55% y del IVA desde el 50% al 56,5%.

Además, el Ejecutivo ha reformulado lo que se conoce como población ajustada, que determina el número de habitantes de cada comunidad, ponderando variables que influyen en el coste de prestación de los servicios y en las necesidades de financiación.

Según el Ejecutivo, el nuevo modelo reduce las diferencias de financiación por habitante ajustado entre CCAA un 50% respecto al modelo actual.