Mes clave y de máxima intensidad en los despachos del Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige Arcadi España ha decidido acelerar a fondo durante este mes de julio para desatascar dos de los proyectos autonómicos más complejos y ambiciosos de la legislatura: la reforma del sistema de financiación autonómica y la reactivación por la vía parlamentaria de la condonación de la deuda a las comunidades.

El movimiento del ministro busca romper el inmovilismo que arrastraba este asunto desde la etapa de la anterior ministra, María Jesús Montero, quien a principios de año se topó con el rechazo frontal de casi todo el mapa autonómico —con la única excepción de Cataluña— antes de poner rumbo a la política andaluza. Tras un intento fallido de aproximación el pasado mes de junio mediante reuniones bilaterales a las que solo asistieron las regiones gobernadas por el PSOE, Hacienda cambia de estrategia y apuesta ahora por la vía multilateral.

Un cronograma exprés antes del parón veraniego

El Ministerio de Hacienda ya ha trasladado a los diferentes gobiernos regionales las fechas clave para debatir el documento, diseñando una hoja de ruta a contrarreloj para intentar dejar encarrilado el acuerdo antes de que concluya el periodo estival:

"Tienen tiempo para estudiarlo. Yo creo que es posible y confío en que la voluntad de todos haga que en el Consejo de Política Fiscal podamos aprobar un modelo de financiación que supone un antes y un después", ha afirmado con optimismo el ministro Arcadi España.

El encaje de bolillos parlamentario

A pesar del rechazo y las reticencias que mantiene el bloque de comunidades autónomas de la oposición, el Ejecutivo central confía en poder salvar el trámite del CPFF gracias al voto favorable de Cataluña. Las matemáticas internas de este organismo de coordinación fiscal permitirán al Ministerio sacar adelante la propuesta técnica y elevarla de forma directa al Consejo de Ministros.

La verdadera prueba de fuego para el nuevo modelo llegará, no obstante, a la vuelta de las vacaciones. La intención declarada de Hacienda es que, una vez validado por el Consejo de Ministros a finales de verano, el texto inicie su tramitación legislativa en el Congreso de los Diputados. Será en la Cámara Baja donde el Gobierno se verá obligado a negociar de forma minuciosa con los distintos grupos parlamentarios para conseguir los apoyos necesarios que transformen el borrador en una ley definitiva.