El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sacyr contra el cálculo que hizo el Gobierno de las indemnizaciones que tiene que pagar el Estado por el rescate de dos de las nueve autopistas que se construyeron bajo el Gobierno de José María Aznar, en pleno 'boom' económico, y que posteriormente quebraron con la crisis financiera y el Ejecutivo de Mariano Rajoy tuvo que rescatar.

En una sentencia fechada el pasado 2 de junio, el Alto Tribunal vuelve a apoyarse en la misma jurisprudencia que ya ha usado en muchas otra sentencias anteriores respecto a este tema y urge al Gobierno actual a recalcular las indemnizaciones para pagar cuanto antes a las concesionarias por las inversiones que hicieron y que ahora pertenecen al Estado.

Anula, en concreto, la resolución complementaria que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023 para liquidar la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra y rescate de las autopistas de peaje radiales R-3 y R-5 de Madrid, así como de un tramo de la M-50, que establecía un pago de 570 millones de euros a la concesionaria.

Este era el segundo cálculo que el Gobierno realizó y ya aumentaba en 451 millones de euros lo calculado con anterioridad, tras aplicar unas sentencias previas del Supremo en las que anulaba la fórmula inicial aplicada por no ajustarse a derecho.

El Supremo reprocha al Ejecutivo que el proceso para determinar esta responsabilidad ha sufrido ya una demora "más que prudente", llevando más de diez años para finiquitar el contrato, por lo que le insta dictar ya la liquidación definitiva "sin necesidad de más demora".