Las costuras de las cuentas públicas españolas se vuelven a tensar. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha lanzado una seria advertencia al Gobierno: la fuerte presión sobre el gasto público estrecha el margen de maniobra del Ejecutivo y provocará el incumplimiento de las reglas fiscales nacionales ya en este ejercicio de 2026, una brecha que amenaza con ensancharse de cara al año que viene si no se adoptan medidas urgentes de consolidación.

Durante la presentación del Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto de 2026, la presidenta de la institución, Inés Olóndriz, ha sido tajante: "Sean medidas en 2026, 2027 o 2028, si no se toman, no se van a cumplir los compromisos" pactados tanto a nivel nacional como con Bruselas.

De acuerdo con los cálculos del organismo supervisor, para cumplir con la regla de gasto nacional fijada para este año (del 3,5%), España debería acometer un ajuste fiscal equivalente a seis décimas del PIB, lo que representa algo más de 10.000 millones de euros.

A pesar de que los ingresos públicos marchan a un ritmo excelente gracias a la recaudación fiscal y la fortaleza del mercado laboral —lo que ha permitido a la Airef avalar el cuadro macroeconómico del Ejecutivo—, el avance de los gastos discurre a una velocidad muy superior a la prevista. Esta asimetría provocará un incremento del déficit público, que escalará este año hasta el 2,6% del PIB (frente al 2,4% registrado al cierre de 2025).

La "vía de escape" de Bruselas con defensa y la crisis energética

El nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea sitúa bajo la lupa el crecimiento del gasto neto de los Estados. Sin embargo, las reglas europeas contemplan salvaguardas que permiten excluir del cómputo los desembolsos destinados a defensa. Recientemente, Bruselas ha abierto la mano para aplicar esta misma excepcionalidad al gasto derivado de las ayudas por la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

Aun así, la Airef advierte de que todavía impera una gran incertidumbre sobre qué medidas exactas aceptará la Comisión Europea. Incluso en el escenario más optimista —en el que Bruselas valide el máximo de exclusiones solicitado por España—, el país se quedaría "al límite" del incumplimiento este año.