El Gobierno central ha puesto sobre la mesa una nueva regulación que puede cambiar el futuro urbanístico de los municipios con mayor riesgo de riadas en la Región de Murcia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, MITECO, ha sometido a consulta pública el proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas para reforzar la gestión del riesgo de inundación, un texto que endurece las limitaciones de uso del suelo en zonas inundables. La consulta permanecerá abierta desde el 16 de julio hasta el 16 de septiembre.

La futura norma, todavía en tramitación, modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de los riesgos de inundación. Su objetivo es evitar que siga aumentando la exposición de personas, viviendas, infraestructuras y actividades económicas al riesgo de inundación, en un contexto marcado por el incremento de fenómenos extremos asociados al cambio climático.

La medida más sensible para el urbanismo será la nueva regulación de los usos del suelo en función del nivel de riesgo. En las zonas de flujo preferente, el proyecto plantea mantener el carácter rural de los terrenos y limitar las actuaciones a aquellas destinadas a la protección frente a inundaciones. En suelo urbanizado, prevé impedir nuevos usos residenciales, así como garajes, sótanos e instalaciones bajo rasante.

En el resto de zonas inundables, el texto también introduce nuevas condiciones para reducir la vulnerabilidad y favorecer un desarrollo más resiliente. Aunque el decreto aún puede sufrir cambios durante su tramitación, su aprobación supondría un giro relevante en la manera de planificar vivienda, equipamientos, infraestructuras y actividades económicas en áreas expuestas a avenidas y ramblas.

El impacto en la Región de Murcia puede ser especialmente significativo por la elevada presencia de cauces, ramblas y zonas históricamente afectadas por inundaciones. La Confederación Hidrográfica del Segura recuerda que la cartografía de zonas inundables de la demarcación abarca ya 1.487 kilómetros de tramos de cauce con estudio de inundabilidad, incluyendo zonas asociadas a avenidas de distintos periodos de retorno, calados, dominio público hidráulico, zonas de servidumbre, policía y zona de flujo preferente.

Además, la CHS concluyó la revisión de la cartografía de Zonas de Flujo Preferente correspondiente a las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 9, 10, 11, 12, 16 y 17 de la Demarcación del Segura en la provincia de Murcia. Tras analizar 13.473 hectáreas y resolver parte de las alegaciones, el organismo determinó 11.872 hectáreas afectadas por estas zonas de mayor riesgo.

El MITECO publicó posteriormente esa revisión en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo que permite a usuarios, propietarios, administraciones y promotores consultar las superficies legalmente afectadas. La CHS señaló entonces que informaría a los ayuntamientos afectados para que dispusieran de esta herramienta de cara a la ordenación y planificación de sus territorios.

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables es el instrumento que permite consultar la cartografía oficial de riesgo y sirve de apoyo a la planificación territorial, a los informes de los organismos de cuenca y a la gestión de emergencias. También facilita a ciudadanos, administraciones y promotores conocer la peligrosidad de una zona concreta antes de tomar decisiones urbanísticas o inmobiliarias.

El proyecto de real decreto también obligará a que los instrumentos de planeamiento incorporen los mapas oficiales de peligrosidad y riesgo de inundación en un plazo máximo de cinco años. Además, los municipios situados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación deberán elaborar programas municipales de adaptación al riesgo de inundación.

La Confederación Hidrográfica del Segura señala que los mapas de peligrosidad y riesgo son una herramienta fundamental para la gestión de inundaciones en la demarcación. Estos mapas delimitan la superficie inundable, los calados, la velocidad del agua y las zonas de flujo preferente, mientras que los mapas de riesgo cruzan esa peligrosidad con la vulnerabilidad del territorio, incluyendo población, medio ambiente y actividad económica.

La futura regulación también incorpora medidas de transparencia en las transmisiones inmobiliarias, de forma que se informe sobre la afección de las fincas por zonas inundables. El objetivo es que compradores, propietarios y operadores económicos conozcan con mayor claridad el riesgo asociado a cada terreno o inmueble antes de cerrar operaciones.

En la práctica, el decreto puede abrir un nuevo escenario para ayuntamientos, promotores, propietarios y técnicos municipales de la Región. La planificación urbanística tendrá que mirar de forma mucho más directa a los mapas de inundabilidad y a las zonas de flujo preferente, especialmente en aquellos municipios donde las ramblas, cauces y avenidas históricas condicionan el crecimiento urbano.

El texto, en cualquier caso, se encuentra todavía en fase de información pública. Las administraciones, entidades, empresas y particulares afectados podrán presentar alegaciones hasta el 16 de septiembre. A partir de ahí, el Ministerio deberá estudiar las aportaciones antes de cerrar el texto definitivo y elevarlo para su aprobación.