Hay momentos en los que una persona queda retratada para siempre. Cuando llega la hora incómoda y decide no traicionarse, se ve quién es.

La conversación desvelada por ABC entre el entonces general jefe de la Guardia Civil en Madrid, Fernando Mora Moret, y su superior, el teniente general Luis Antonio del Castillo Ruano, jefe del Mando de Operaciones, es un ejemplo claro. No habla solo de dos mandos, habla de cómo se entiende el poder y de qué se espera de quienes lo sirven.

Los hechos son conocidos. Mora fue invitado a la celebración institucional del Dos de Mayo de 2025, día de la Comunidad de Madrid. No fue invitado por ser Fernando, por llevarse como se llevase como quien fuera. Fue invitado de manera institucional, como general jefe de la Guardia Civil en Madrid. Desde el Ministerio del Interior recibió la indicación de no acudir. En términos concisos, recibió la orden de sus superiores. Y al no entender el motivo, sobre todo por la representación que ostentaba, manifestó que respondería a la invitación dejando claro que su ausencia no era decisión personal suya, sino el estricto cumplimiento de la orden que se le había dado. La respuesta fue que se trataba de una «instrucción política», trasladada desde la entonces directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, según la denuncia y los audios difundidos. En ese punto, Mora hizo lo que hoy llama la atención precisamente porque casi nadie lo hace: pidió explicaciones, razonó las consecuencias de esa orden y se negó a actuar como si no entendiera qué estaba pasando.

No protestó a gritos ni buscó polémica. Se expresó tal y como su conciencia le dictaba. Habló con corrección y firmeza. En la conversación que ha trascendido, lanza una frase que lo resume todo: «Me están utilizando. Le están pegando una patada a la presidenta de la Comunidad de Madrid en mi culo». Es una expresión dura, pero lo que describe lo es más: la utilización de un servidor público y de la institución que representa para enviar un mensaje político contra un gobierno autonómico concreto, en este caso el de Isabel Díaz Ayuso. Yo sigo sin entender por qué debía ausentarse este señor, dejando el vacío de la representación madrileña de la Guardia Civil en un día tan señalado para los madrileños.

Tras esa resistencia, la orden se corrigió. Finalmente le autorizaron a asistir y acudió al acto del Dos de Mayo. Ese giro no borra lo anterior. Al contrario: demuestra que plantarse, aunque incomode, puede cambiar decisiones que se dan por hechas. Y sobre todo, hacerlo siendo conocedor y sabedor de las circunstancias, de lo que se debe hacer.

Mora no es un recién llegado. Nació en Cartagena en 1962 y ha pasado unos 45 años al servicio del Estado. Estuvo destinado en Información en Guipúzcoa durante los años más duros de ETA, encabezó la Unidad de Helicópteros de Canarias, trabajó en la Sección de Información de la Guardia Civil en el País Vasco, asumió responsabilidades en la Agrupación de Tráfico y dirigió durante seis años la Comandancia de Sevilla. Más tarde fue jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y general jefe de la Primera Zona, Madrid. Recibió, entre otras condecoraciones, la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo, la Gran Cruz del Mérito de la Guardia Civil, la Gran Cruz del Mérito Naval y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. En marzo de 2026 pasó a la reserva por imperativo legal, al cumplirse el tiempo máximo de permanencia previsto para los empleos de general de brigada y general de división, según establece la normativa.

La hoja de servicios ayuda a situar al personaje, pero no basta para entender su reacción. Lo que explica mejor a una persona es lo que hace cuando resultaría más sencillo agachar la cabeza y dejar pasar el golpe. A Mora le ofrecieron la salida cómoda: cumplir la orden, presentar después un recurso y dejar que la vida siguiera hasta la reserva. Obedecer primero, discutir más tarde. Él optó por otra cosa. Señaló en el momento la naturaleza política de la instrucción y la carga que ponía sobre la institución.

Hay órdenes que forman parte de la disciplina y deben cumplirse. Y hay indicaciones cuya legalidad, finalidad y encaje institucional pueden y deben ser discutidos. La obediencia debida no implica sumisión automática. Menos aún cuando lo que se percibe es que una institución del Estado está siendo arrastrada a una batalla partidista. A mi, que este señor se plantase me parece digno de aplaudir, y me da lo mismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera Ayuso en ese momento, o pudiera ser “Perico el de los palotes”. No se trata de colores, de partidos ni de ideologías. Se trata de respetar lo que es de todos, lo que es institucional, y lo que no debe mancharse con barros ni harinas de otro costal. Decir esto ahora parece ciencia ficción, porque todo está pringado de una falsa ideología que, en realidad, no es otra que la del caradurismo y la falta de respeto a la ciudadanía y a su soberanía.

En torno a este caso ya se ha abierto otra línea de debate: la grabación. En vez de centrarse en qué se ordenó, quién lo ordenó y con qué objetivo, algunos ponen el foco en el hecho de que la conversación se grabara. Es un reflejo casi automático. Cuando un audio o un vídeo muestra un comportamiento incómodo, el primer movimiento defensivo suele ser cargar contra quien lo registró, como si el problema fuese el aparato y no lo que se oye.

En España, quien participa en una conversación puede, con carácter general, grabarla. El uso posterior, la difusión y la afectación a derechos fundamentales son otra discusión, que requiere matices jurídicos. Pero aquí importa también la situación concreta de quien denuncia. Un mando dentro de una estructura fuertemente jerarquizada que percibe una presión y una posible instrumentalización de la institución, ¿qué opciones reales tiene? ¿Su palabra contra la de toda la cadena de mando? ¿Un escrito interno que nadie conocerá? ¿El silencio y mirar hacia otro lado?

En determinados contextos, grabar es la única forma de que la verdad no dependa de la fuerza del relato de los poderosos. Y dejar constancia de esa verdad no es atacar a la institución; al revés, puede ser un modo de defenderla de quienes la utilizan como herramienta política. Una institución no se protege tapando sus abusos. Se protege señalándolos y corrigiéndolos.

El caso Mora se enmarca en algo más amplio. España lleva demasiado tiempo aceptando que existan «cloacas» del Estado: estructuras informales de poder que manejan información, mandos y recursos con lógica de bando. No empezaron con este Gobierno ni pertenecen a una sola sigla. Han funcionado bajo gobiernos de distinto color, alimentadas por una visión patrimonial de las instituciones: informes como arma, investigaciones orientadas, filtraciones interesadas, carreras premiadas o castigadas según la utilidad política.

En estos años estamos viendo cómo esas cloacas chocan entre sí. Algunas revelaciones salen porque una parte del sistema quiere dañar a otra. Hay audios y documentos que emergen no por una voluntad de limpieza, sino como resultado de peleas internas. Que unas cloacas ataquen a otras no convierte en aceptable el sistema en su conjunto. No hay «cloaca buena» porque perjudique al adversario. No hay abuso legítimo porque lo cometa quien nos cae bien. Quien justifica una irregularidad cuando beneficia a los suyos pierde autoridad moral para denunciarla cuando la sufren otros.

Ese es uno de los venenos que están deteriorando nuestra convivencia: sustituir la conciencia por la identidad de bando. Preguntar primero quién lo ha hecho, y solo después (si acaso) plantearse si está bien o está mal. Celebrar una filtración si debilita al contrario y escandalizarse por el método solo cuando afecta al propio campo. Una democracia que se acostumbra a esa doble vara de medir va perdiendo el suelo bajo los pies. El único «bando» digno de ese nombre es el de la verdad y el de la dignidad personal. El de quienes entienden que lo incorrecto lo es siempre, y que un gesto justo merece ser reconocido aunque lo haga alguien a quien nunca votaríamos.

Fernando Mora cerró su carrera con un mensaje que encaja con lo que después hemos sabido: alertó contra la politización y apeló al honor, la dignidad y la integridad de los guardias civiles. En su discurso de retirada pidió a los más jóvenes que no «vendan su alma al diablo por un puñado de monedas» y que huyan de cualquier intento de politizar la institución. No hablaba en abstracto. Venía de vivir en primera persona las presiones que hoy conocemos por los audios.

No se trata de convertirlo en héroe intocable ni de colocar toda su trayectoria fuera del análisis crítico. Se trata de mirar un comportamiento concreto, documentado y de asumir lo que implica: cuando entendió que pretendían utilizarlo, se mantuvo en pie. Preguntó, razonó, avisó y aguantó la presión. Esto, en una estructura como la Guardia Civil y frente a una «instrucción política» trasladada desde la cúpula, tiene un coste real.

Ese tipo de conducta merece ser reconocida sin grandes discursos ni culto a la personalidad. España necesita valorar a quienes hacen su trabajo cuando hacerlo bien les complica la vida. A quienes no confunden lealtad con obediencia ciega. A quienes saben que servir al Estado no es servir al Gobierno de turno ni a una sigla, sino a la ley y a los ciudadanos.

Este texto se escribe para sumar a un homenaje cívico y popular a Fernando Mora. No por el rango. No por las medallas. No por el uniforme. Por lo que hizo cuando la opción más cómoda era callarse. El honor no es obedecer siempre. Es saber qué no se debe aceptar. La dignidad no se declama, se practica. Y hay momentos en los que hacer lo que es justo, sin recompensa ni garantías, es la única manera de poder seguir mirándose al espejo. Fernando Mora lo hizo. Y una sociedad que todavía distinga entre el bien y el mal tendría que ser capaz de reconocerlo.