El Congreso de los Diputados celebrará este jueves una sesión extraordinaria para debatir y votar la convalidación del real decreto-ley con el que el Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de ayudas fiscales destinado a paliar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

La norma, que ya está en vigor desde su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, moviliza un apoyo fiscal estimado en 1.825 millones de euros durante 2026 e incluye medidas dirigidas a contener el impacto del encarecimiento de la energía sobre familias, empresas y sectores especialmente afectados.

Entre las principales iniciativas figura la rebaja temporal del impuesto especial sobre los hidrocarburos, que supone una reducción de 15 céntimos por litro durante julio, de 10 céntimos en agosto y de cinco céntimos en septiembre.

El decreto también incorpora una cláusula que permitiría recuperar automáticamente ayudas más intensas si el conflicto provoca un nuevo repunte de los precios energéticos. En ese supuesto, volverían a activarse rebajas fiscales para los carburantes, el gas y la electricidad.

Descuentos para profesionales y ayudas al campo

Las ayudas de 20 céntimos por litro para los profesionales del transporte y del sector primario continúan vigentes. Además, el Ejecutivo incorpora una nueva partida de 165 millones de euros destinada a la compra de fertilizantes para explotaciones agrícolas, que se suma a los 500 millones ya habilitados anteriormente.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reforzará, además, el seguimiento de los márgenes de las estaciones de servicio para comprobar que trasladan correctamente las rebajas fiscales a los consumidores.

Eliminación progresiva del impuesto eléctrico

Otra de las medidas más relevantes del decreto es la eliminación gradual del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, una reivindicación defendida durante la legislatura por PP y Junts. El tipo impositivo, actualmente fijado en el 7%, se reducirá progresivamente durante los próximos ejercicios hasta desaparecer por completo en 2028.

Según las estimaciones del Gobierno, esta rebaja fiscal permitirá incrementar la producción industrial en unos 2.600 millones de euros anuales y favorecer la creación de alrededor de 3.700 empleos.

Condiciones para acceder a las ayudas

El decreto mantiene también las condiciones impuestas a las empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a la crisis energética. Entre ellas figura la obligación de disponer de un plan de movilidad sostenible para los trabajadores y la prohibición de efectuar despidos por causas relacionadas con el conflicto mientras perciban estas ayudas.

Asimismo, la norma flexibiliza la ejecución de determinadas inversiones financiadas con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para facilitar que puedan completarse proyectos cuyos hitos administrativos ya estén cumplidos.

Si el Congreso convalida el decreto este jueves, todas estas medidas continuarán en vigor. En caso contrario, la norma quedaría derogada.