La mayor apuesta económica realizada hasta la fecha por el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales en la Región de Murcia ya es una realidad tangible. El Gobierno regional destinará un total de 140 millones de euros al servicio entre los años 2028 y 2032. Esta cifra supone un contundente incremento del 75% respecto a los cerca de 80 millones del contrato actualmente vigente, una inyección financiera diseñada para ampliar la plantilla, consolidar el empleo estable, mejorar las retribuciones y reforzar sustancialmente la capacidad operativa del dispositivo ante las nuevas amenazas climáticas.

El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, dio a conocer la magnitud de esta inversión durante la firma del III Acuerdo de mejora de la calidad del empleo en el Servicio de Prevención Selvícola y Defensa del Patrimonio Natural, un documento suscrito este lunes en el Palacio de San Esteban junto a las organizaciones sindicales CCOO y UGT tras meses de complejas negociaciones.

La reestructuración económica del servicio supondrá pasar de una inversión media anual de 16 millones de euros a 28 millones de euros durante el quinquenio 2028-2032. Para López Miras, este salto presupuestario constituye "una declaración de prioridades" del Ejecutivo autonómico, que refleja la determinación de blindar un área que calificó de "absolutamente estratégica y esencial" para la protección de la biodiversidad y el territorio murciano.

El jefe del Ejecutivo enmarcó la urgencia de estas medidas en la necesidad de adaptar las capacidades del operativo al preocupante escenario derivado del cambio climático, caracterizado por olas de calor cada vez más extremas y periodos prolongados de sequía. "Los incendios forestales ya no son los de hace dos décadas", advirtió el presidente, defendiendo la obligatoriedad de anticiparse con un servicio "más sólido, más estable, mejor preparado y dotado con más recursos".

Estabilidad laboral los doce meses del año

El impacto del acuerdo se traducirá de forma inmediata en las condiciones del capital humano. El futuro contrato elevará la plantilla del dispositivo hasta los 379 efectivos mediante la incorporación neta de 29 nuevas plazas, además de consolidar la estabilidad de un centenar de trabajadores.

El avance estructural más significativo radica en la estacionalidad: el 91% de los profesionales pasará a prestar servicio durante los doce meses del año, lo que significa que 370 de los 379 integrantes del operativo dispondrán de contratos anuales completos, rompiendo la tendencia de los empleos discontinuos ligados únicamente a los meses de verano.

Asimismo, el pacto introduce una mejora retributiva del 30,82% y medidas de calado para favorecer la conciliación familiar y laboral, entre las que destaca la supresión de la localización obligatoria fuera de la jornada de trabajo. A partir de la entrada en vigor del nuevo marco, las movilizaciones extraordinarias pasarán a tener carácter estrictamente voluntario y serán remuneradas de forma independiente.