Siete de cada diez personas que completaron durante 2025 su itinerario en una empresa de inserción de la Región de Murcia consiguieron incorporarse al mercado laboral ordinario. En concreto, 14 de las 20 personas que finalizaron definitivamente este proceso encontraron un puesto de trabajo fuera de estas entidades.

Los datos forman parte de la Memoria Social 2025 de Crysalia, la asociación que agrupa a las nueve empresas de inserción que operan en la Región de Murcia. El informe recoge tanto el impacto laboral de estas entidades como su actividad económica y el retorno generado para las administraciones públicas.

Durante el pasado ejercicio, las empresas asociadas formalizaron 180 contratos de trabajo. De ellos, 119 fueron contratos de inserción dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión social, lo que representa el 66,1% del total.

Estas contrataciones forman parte de itinerarios personalizados que combinan un empleo remunerado con formación, acompañamiento profesional y adquisición de competencias. El objetivo es preparar a los trabajadores para que, una vez concluido el proceso, puedan acceder a un puesto en el mercado laboral convencional.

Un puente hacia el empleo ordinario

La memoria señala que 72 personas continuaban al cierre del ejercicio con un contrato de inserción. Otras 20 completaron definitivamente su itinerario y, de ellas, 14 consiguieron posteriormente un empleo ordinario.

El presidente de Crysalia, José Manuel García Marrero, presentó los resultados en un acto celebrado en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, junto a su presidente, José Antonio Cobacho, y el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín. Crysalia había anunciado la presentación de la memoria como un balance de la creación de empleo, los itinerarios sociolaborales y el retorno económico de las nueve empresas regionales. Marín destacó que la tasa de inserción refleja la capacidad de estas compañías para actuar como enlace entre las personas vulnerables y el mercado de trabajo.

“Las empresas de inserción tienden puentes hacia un empleo estable y abren la puerta a nuevos proyectos de vida”, señaló el consejero, quien las definió como “la parte más social de la economía”.

El porcentaje de acceso al empleo ordinario se mantiene en niveles similares a los del ejercicio anterior. En 2024, el 71% de las personas que terminaron su itinerario logró un contrato normalizado. Ese año se formalizaron 199 contratos, 19 más que en 2025.

Más de 1,57 millones de retorno público

La actividad de estas empresas también tuvo impacto en las cuentas públicas. Durante 2025 alcanzaron una facturación conjunta de 3.347.018 euros y recibieron 773.917 euros en subvenciones destinadas a respaldar la contratación de trabajadores en procesos de inserción.

Frente a esa inversión, generaron un retorno de 1.576.086 euros mediante impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social y ahorro en prestaciones públicas. La relación resultante fue de 2,04 euros devueltos a las administraciones por cada euro recibido en ayudas.

El retorno económico asociado a cada puesto de inserción se situó en 14.198 euros, mientras que el ahorro estimado en prestaciones alcanzó los 614.424 euros.

Estos resultados muestran que las empresas de inserción no funcionan únicamente como instrumentos asistenciales. Son sociedades que desarrollan una actividad económica, facturan por sus servicios y mantienen puestos de trabajo, pero destinan una parte central de su estructura a acompañar a personas que encuentran mayores obstáculos para acceder al empleo.

De la limpieza al reciclaje y la atención domiciliaria

Las nueve empresas integradas en Crysalia trabajan en sectores como la limpieza, la jardinería, la hostelería, el reciclaje, la gestión de residuos, las artes gráficas, la carpintería, la atención domiciliaria y el reparto sostenible.

Sus itinerarios se dirigen a perfiles diversos, entre ellos personas desempleadas de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género o trata, jóvenes procedentes del sistema de protección, migrantes y refugiados, personas sin hogar y personas con discapacidad que se encuentran en situación de exclusión social.

El Gobierno regional ha destinado este año una primera partida de 400.000 euros para respaldar la contratación de personas vulnerables y de técnicos encargados de su formación y acompañamiento. La convocatoria permaneció abierta hasta el 30 de junio.

El Ejecutivo autonómico prevé activar una segunda convocatoria por la misma cantidad, con lo que el apoyo público a estas empresas alcanzaría los 800.000 euros durante 2026.

Más contratación pública responsable

La presentación de la memoria también sirvió para poner sobre la mesa algunos de los principales retos del sector. Entre ellos figuran el desarrollo de una contratación pública socialmente responsable, el cumplimiento de la reserva de determinados contratos para empresas de inserción y una mayor colaboración entre las administraciones, las compañías privadas y las entidades sociales.

Crysalia reclama que el impacto social forme parte de los criterios utilizados para adjudicar servicios públicos y contratos empresariales. Para la asociación, una mayor contratación de estas entidades permitiría aumentar su actividad y abrir nuevos itinerarios laborales para personas en situación de vulnerabilidad.