El Ejecutivo central ha dado el paso definitivo para transformar de manera radical la relación de los ciudadanos con el tabaco y los nuevos dispositivos de consumo de nicotina. El Consejo de Ministros ha aprobado el texto final que reforma de forma integral la Ley Antitabaco, en lo que supone el cambio normativo más ambicioso y severo de los últimos veinte años, superando las medidas implantadas en las leyes de 2005 y 2010.

La gran novedad de este marco regulatorio es el salto que da la prohibición de fumar: de los espacios cerrados o semiabiertos se pasa a un veto generalizado en entornos comunitarios y naturales al aire libre. La medida afectará de lleno a las playas del litoral español, así como a las terrazas de hostelería, marquesinas de autobús, estaciones de tren descubiertas, accesos a centros educativos y sanitarios, recintos deportivos y parques infantiles.

Uno de los aspectos más demandados por las sociedades médicas y científicas era cortar el vacío legal que amparaba a las nuevas alternativas de consumo. La nueva ley elimina cualquier distinción entre el cigarrillo de combustión tradicional y los dispositivos electrónicos.

De este modo, los vaperos, los cigarrillos electrónicos y los sistemas de tabaco calentado quedan plenamente equiparados a las cajetillas convencionales. Esto implica que sobre ellos recaerán exactamente las mismas restricciones de uso en espacios públicos, además de una limitación drástica en su publicidad, patrocinio, venta indirecta y empaquetado, que pasará a ser genérico para mitigar el atractivo visual entre los adolescentes y jóvenes.

Un impacto directo en el turismo y los municipios costeros

La inclusión de las playas como espacios libres de humo situará a las comunidades costeras en el centro de la aplicación práctica de la norma. Si bien muchos ayuntamientos de la Región de Murcia y del resto del Estado ya contaban con ordenanzas municipales o planes piloto de "Playas Sin Humo", la ley nacional dotará a los municipios de un paraguas jurídico unificado para imponer sanciones y vigilar el cumplimiento del veto.

Desde el sector turístico y de la hostelería se observa la medida con atención. Aunque se respalda la protección de la salud pública y el cuidado del medio ambiente —frenando la acumulación de colillas en la arena, uno de los residuos más contaminantes del mar—, las patronales solicitan claridad para evitar situaciones de conflicto entre los clientes y los trabajadores de los locales con terraza o chiringuitos de playa.

Pese al calado de la aprobación en el Consejo de Ministros, la entrada en vigor definitiva de la norma no será inmediata. El texto entra ahora en la fase de tramitación en las Cortes Generales, donde se someterá al debate de las distintas fuerzas políticas y a la presentación de enmiendas.

Será en ese proceso parlamentario donde se defina la fecha exacta en la que las sanciones comiencen a ser efectivas y si se establecerá un periodo de moratoria para que el sector hostelero, la industria y las administraciones locales adapten sus instalaciones y normativas a la nueva realidad sin humo.