La aprobación del nuevo proyecto de ley del tabaco ha abierto un frente entre el Gobierno y una amplia representación de los sectores empresariales afectados. Organizaciones de hostelería, turismo, ocio nocturno, transporte profesional, estancos, industria tabaquera y comercio de vapeadores han cuestionado algunas de las principales medidas de la reforma, especialmente la prohibición de fumar en las terrazas y la equiparación de los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional.

 

El Consejo de Ministros dio luz verde este martes, 21 de julio, al proyecto que modifica la actual Ley 28/2005 y lo remitirá ahora a las Cortes Generales. La reforma, por tanto, todavía no está en vigor y podrá sufrir modificaciones durante su tramitación en el Congreso y el Senado.

 

El texto amplía los espacios libres de humo a todas las terrazas de bares y restaurantes, las playas marítimas y fluviales, las piscinas de uso colectivo, las instalaciones deportivas, los parques nacionales, los espectáculos al aire libre y los vehículos de trabajo, salvo cuando sean utilizados exclusivamente de forma personal.

 

También establece una distancia mínima de 15 metros respecto a los accesos de edificios públicos, hospitales, centros educativos, universidades, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas y parques infantiles. La prohibición se extenderá al vapeo y a otros productos que imitan el acto de fumar, tengan o no nicotina.

 

La hostelería rechaza asumir el control de las terrazas

 

Hostelería de España, que representa a más de 300.000 bares, restaurantes, cafeterías y establecimientos de ocio, considera que prohibir fumar en todas las terrazas es una medida “desproporcionada” y de eficacia limitada.

 

La patronal sostiene que actualmente existe una convivencia razonable entre clientes fumadores y no fumadores y advierte de que la prohibición podría desplazar el consumo hacia las inmediaciones de los establecimientos o hacia espacios privados cerrados.

 

También alerta de que los trabajadores y propietarios de los negocios podrían verse obligados a asumir funciones de vigilancia sobre los clientes y a gestionar los conflictos derivados del incumplimiento de la norma.

 

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha reclamado que durante la tramitación parlamentaria se analice el impacto sobre el empleo, la actividad de los establecimientos, la competitividad turística y la experiencia de los clientes.

 

La organización teme, además, que una regulación más restrictiva que la existente en otros destinos pueda perjudicar la imagen internacional de España. Sus representantes defienden que la lucha contra el tabaquismo debe reforzar la educación, la sensibilización y las campañas de prevención, en lugar de descansar principalmente sobre nuevas prohibiciones.

 

HoyTú reclama cambios en la nueva regulación del tabaco

 

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, HoyTú, se ha adherido a la posición de la patronal nacional y ha mostrado su rechazo al inicio de la tramitación parlamentaria.

 

Su presidente, Bartolomé Vera, considera que el veto en las terrazas tendrá una capacidad reducida para disminuir el consumo y podría trasladar a los fumadores hacia viviendas u otros espacios cerrados con peor ventilación.

 

HoyTú también teme un efecto negativo sobre el turismo y un aumento de las obligaciones de los trabajadores hosteleros, que deberán impedir el consumo en las terrazas y advertir a los clientes.

 

La federación cita una encuesta elaborada por 40dB para Hostelería de España según la cual el 69,3% de los consultados considera más eficaces las campañas informativas que las prohibiciones directas. El mismo estudio señala que el 85,2% cree que los fumadores seguirán consumiendo tabaco en las inmediaciones de los establecimientos. Se trata, no obstante, de una encuesta encargada por la propia organización empresarial afectada por la reforma.

 

Ocio, comercio y turismo amplían el frente empresarial

 

El rechazo a las restricciones en las terrazas también ha sido expresado por organizaciones como España de Noche, el Gremi de Restauració de Barcelona, Foment del Treball, PIMEC y Barcelona Oberta.

 

Estas entidades alertan de posibles consecuencias sobre la restauración, el ocio nocturno, el comercio urbano y el atractivo turístico de los destinos españoles. La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas también se ha sumado a las críticas.

 

Desde el ocio nocturno se teme especialmente que los clientes abandonen con frecuencia los establecimientos para fumar en zonas no habilitadas, generando aglomeraciones, ruido y conflictos con los vecinos.

 

Los empresarios consideran además que la medida puede resultar difícil de aplicar en grandes terrazas, conciertos, festivales y otros eventos al aire libre, donde la delimitación de los espacios y la responsabilidad de los organizadores pueden convertirse en una fuente de problemas.

 

Transportistas contra la prohibición en los vehículos laborales

 

El proyecto también impide fumar o vapear en vehículos utilizados con motivo del trabajo, aunque el conductor viaje solo. La prohibición afectaría, entre otros, a camiones, furgonetas de reparto, taxis, vehículos de transporte con conductor y otros automóviles profesionales.

 

Las organizaciones del transporte cuestionan que se aplique la misma limitación cuando el vehículo es compartido y cuando el conductor se encuentra solo durante trayectos de larga distancia.

 

El sector considera que la norma invade un espacio de uso individual y reclama que se distinga entre los vehículos ocupados por varios trabajadores o pasajeros y aquellos utilizados exclusivamente por un único conductor.

 

Estancos y tabaqueras cuestionan la tramitación

 

La Mesa del Tabaco y la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España han criticado que el Gobierno impulse la reforma mientras la Comisión Europea revisa las directivas comunitarias relacionadas con estos productos.

 

Ambas organizaciones sostienen que debería existir una mayor coordinación con el marco europeo para evitar diferencias regulatorias entre países y sucesivas modificaciones de la normativa.

 

La Mesa del Tabaco también reprocha que no se haya solicitado el dictamen del Consejo de Estado y recuerda que el Consejo Económico y Social y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia plantearon observaciones sobre la coordinación con las futuras normas europeas. Estas objeciones forman parte de la posición expresada por el sector y no suponen, por sí solas, que el procedimiento seguido sea jurídicamente inválido.

 

Según los datos aportados por la propia Mesa del Tabaco, la cadena de valor del sector genera 3.755 millones de euros de aportación al PIB, sostiene unos 61.500 empleos y proporciona más de 10.100 millones en ingresos fiscales. La organización pide que estas cifras se tengan en cuenta al evaluar las consecuencias económicas de la reforma.

 

En Canarias, la Asociación Canaria de Industriales Tabaqueros ha advertido de que el sector sostiene unos 5.000 empleos directos, indirectos e inducidos en las islas y reclama que se tenga en cuenta la singularidad del archipiélago.

 

El sector del vapeo rechaza la equiparación

 

La Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo también ha mostrado su oposición a que los cigarrillos electrónicos, incluidos los que no contienen nicotina, queden sometidos a las mismas restricciones de uso que los cigarrillos tradicionales.

 

La patronal considera que la equiparación no tiene en cuenta las diferencias entre el tabaco de combustión y los productos sin humo y sostiene que podría alejar a los consumidores adultos de alternativas menos perjudiciales.

 

Sanidad, por el contrario, defiende que estos dispositivos presentan riesgos para la salud, pueden generar adicción y se han convertido en una vía de entrada al consumo entre los jóvenes.

 

Los datos de la encuesta estatal ESTUDES 2025 indican que el 49,5% de los adolescentes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez un cigarrillo electrónico. Su consumo durante el último mes aumentó desde el 14,9% registrado en 2019 hasta el 27,1% en 2025.

 

Sanidad defiende un ahorro de hasta 200 millones anuales

 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que el objetivo prioritario de la reforma es proteger a la población del humo ambiental, reducir el inicio del consumo entre los menores y adaptar la legislación a la proliferación de nuevos dispositivos.

 

El Ministerio estima que las medidas podrían generar un ahorro sanitario directo de entre 100 y 200 millones de euros anuales mediante la reducción de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. García ha recordado que el tabaco provoca alrededor de 50.000 muertes cada año en España.

 

La ministra también ha rechazado los argumentos sobre el posible hundimiento de la actividad hostelera. Ha recordado que las anteriores leyes de 2005 y 2010 suscitaron advertencias similares antes de prohibir el tabaco en los interiores, pero terminaron siendo ampliamente aceptadas socialmente.

 

Profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes han valorado positivamente la ampliación de los espacios sin humo, al considerar que reduce la exposición pasiva y protege especialmente a personas con asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras patologías.

 

Menores, publicidad y nuevas sanciones

 

La futura ley prohibirá por primera vez que los menores consuman tabaco o productos relacionados. Hasta ahora estaba vetada su venta o suministro, pero no existía una prohibición expresa sobre el acto de fumar.

 

El proyecto también restringe la publicidad en internet, redes sociales, medios audiovisuales, escaparates y puntos de venta. Los establecimientos especializados no podrán exhibir cartelería o promociones visibles desde el exterior.

 

Según el régimen sancionador incluido en el anteproyecto, las infracciones leves podrán recibir multas de entre 100 y 600 euros. Fumar de forma aislada en un lugar prohibido podrá ser sancionado con hasta 100 euros, mientras que permitir el consumo en espacios vetados o vender productos sin autorización podrá acarrear multas de entre 601 y 10.000 euros.

 

Las infracciones muy graves relacionadas con la publicidad, la promoción o el patrocinio podrán alcanzar los 600.000 euros. Cuando el infractor sea menor, los progenitores o tutores responderán subsidiariamente del pago.

 

Una batalla que se trasladará al Congreso

 

La aprobación del Consejo de Ministros no supone que las nuevas prohibiciones sean ya aplicables. La norma deberá superar su tramitación en el Congreso y el Senado, donde los sectores afectados tratarán de introducir modificaciones.

 

Si finalmente se aprueba, entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y habrá un plazo adicional de dos meses para adaptar la señalización de los nuevos espacios sin humo.

 

La batalla queda así abierta entre una política sanitaria que aspira a reducir la exposición al humo y un amplio grupo de sectores empresariales que reclama proporcionalidad, seguridad jurídica y una evaluación más precisa de sus consecuencias económicas.