El Congreso de los Diputados afronta este jueves una sesión extraordinaria con tres votaciones de importantes consecuencias económicas y laborales. El Pleno deberá decidir si mantiene las ayudas energéticas aprobadas por la crisis en Oriente Medio, si convalida la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas y si acepta, en un segundo intento, la senda de déficit diseñada para los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

Los dos reales decretos están en vigor desde el 1 de julio, pero necesitan ser ratificados por el Congreso para no decaer. La senda presupuestaria, por el contrario, no produce efectos hasta conseguir el respaldo parlamentario y llega a esta segunda votación sin que haya cambiado el equilibrio de fuerzas que provocó su rechazo hace apenas nueve días.

El resultado permitirá medir nuevamente la capacidad del Gobierno para construir mayorías diferentes según cada iniciativa. El decreto energético incorpora medidas reclamadas por PP y Junts, mientras que la norma de jubilación parcial afronta las exigencias de Podemos. Los objetivos presupuestarios tienen el escenario más complicado: PP, Vox, Junts y UPN ya los rechazaron el 14 de julio.

Un paquete energético de 1.825 millones

La primera votación afecta al segundo paquete de medidas en respuesta económica a la crisis de Oriente Medio. El decreto moviliza ayudas y rebajas fiscales valoradas por el Gobierno en 1.825 millones de euros durante 2026, a los que añade un ahorro estimado de 2.700 millones en 2027 y 2028 por la reducción y posterior eliminación del impuesto sobre la producción eléctrica.

La norma fue aprobada por el Consejo de Ministros el 29 de junio y entró en vigor el 1 de julio. Su objetivo es prolongar durante tres meses parte de las medidas que vencieron al terminar junio, aunque aplicando una retirada gradual conforme se estabilicen los mercados energéticos.

Para los conductores particulares, la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos equivale a un alivio de 15 céntimos por litro durante julio, diez céntimos en agosto y cinco en septiembre. El decreto incluye además una cláusula automática que recuperará la ayuda de 20 céntimos si la inflación interanual de los carburantes supera el 15%.

El IVA reducido del 10% que se aplicó temporalmente a determinados productos energéticos no se prolonga de forma general. La norma prevé, no obstante, que pueda reactivarse para la electricidad y el gas si su evolución interanual de precios supera los umbrales establecidos.

Veinte céntimos para transportistas, agricultores y pescadores

Los profesionales del transporte, el sector agrario y la pesca mantienen hasta el 30 de septiembre un apoyo total equivalente a 20 céntimos por litro. En el transporte por carretera, esta cantidad se articula combinando la rebaja fiscal con ayudas directas que varían cada mes para conservar el mismo alivio final.

El decreto destina además 165 millones de euros adicionales a compensar el encarecimiento de los fertilizantes. También amplía las ayudas al gasóleo agrario y pesquero e incorpora compensaciones para empresas ferroviarias que utilicen locomotoras diésel y para determinadas conexiones marítimas.

Las compañías que reciban ayudas directas no podrán despedir hasta el 30 de septiembre alegando causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor relacionadas con la crisis. Un incumplimiento obligaría a devolver la ayuda y supondría la nulidad del despido. Las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible también perderán las subvenciones si no lo cumplen.

La CNMC podrá señalar a las gasolineras que no trasladen la rebaja

La norma refuerza el control sobre las estaciones de servicio para evitar que la reducción fiscal termine absorbida por un aumento de sus márgenes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deberá realizar un seguimiento permanente de los márgenes brutos y podrá publicar una relación individualizada de gasolineras en las que detecte desviaciones anómalas. La inclusión de una estación en esa lista podrá utilizarse como indicio en reclamaciones de los consumidores.

La publicación no equivaldrá automáticamente a una sanción o a una declaración firme de incumplimiento. La CNMC deberá analizar las circunstancias de cada estación, comunicarle las conclusiones y permitirle presentar alegaciones.

El impuesto a la producción eléctrica desaparecerá en 2028

La medida estructural más relevante es la eliminación gradual del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, conocido como IVPEE. El tributo parte de un tipo nominal del 7%, aunque durante 2026 se aplican minoraciones sobre su base imponible. En 2027 el tipo bajará al 3,5% y, desde 2028, quedará reducido al 0%.

La supresión responde a una demanda formulada durante la legislatura por PP y Junts y puede facilitar la convalidación del decreto. El Gobierno sostiene que reducirá los costes de generación y mejorará la competitividad de la industria, aunque el efecto final sobre el recibo eléctrico dependerá también de la evolución del mercado mayorista, los contratos y el resto de componentes regulados.

Para compensar la pérdida de ingresos durante 2026 y garantizar el equilibrio del sistema eléctrico, el decreto habilita una aportación extraordinaria de 315 millones de euros.

La jubilación parcial vuelve a las administraciones

El segundo decreto sometido a votación desbloquea la jubilación parcial anticipada del personal laboral fijo de las administraciones públicas. El Gobierno calcula que el nuevo régimen puede beneficiar potencialmente a unos 700.000 trabajadores de ayuntamientos, comunidades autónomas, universidades y otros organismos públicos.

La reforma no se aplica a todos los empleados públicos ni incluye automáticamente a los funcionarios de carrera. Está dirigida al personal laboral fijo contratado a tiempo completo que cumpla los requisitos previstos por la legislación de la Seguridad Social.

La jubilación podrá anticiparse hasta tres años respecto a la edad ordinaria. El trabajador deberá acreditar, con carácter general, al menos 33 años cotizados y seis años de antigüedad inmediatamente anteriores, además de reducir su jornada entre un 25% y un 75%. Durante el tiempo que continúe trabajando percibirá el salario proporcional a su jornada y, por la parte reducida, la correspondiente pensión de jubilación.

Un contrato de relevo para incorporar personal nuevo

Cada jubilación parcial deberá estar vinculada a la contratación de otra persona a jornada completa. Las administraciones deberán prever estas plazas en sus ofertas de empleo público o en instrumentos equivalentes de planificación de recursos humanos.

La principal novedad es que, mientras se resuelve el proceso para cubrir la plaza de forma fija, podrá contratarse temporalmente a una persona sustituta. De este modo, los largos procedimientos de selección pública no bloquearán el acceso del trabajador a la jubilación parcial.

La plaza temporal tendrá que incluirse en la oferta pública del ejercicio correspondiente y deberá convertirse posteriormente en un puesto fijo. El decreto establece además un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 para aprovechar contratos indefinidos formalizados desde abril de 2024. La oferta de empleo público estatal de 2026 ya reserva 854 plazas para contratar personal relevista.

Podemos introduce incertidumbre en la votación

CCOO ha pedido a los grupos parlamentarios que convaliden el decreto y advierte de que su derogación volvería a impedir que miles de trabajadores accedieran a esta modalidad de retiro. El sindicato considera que la norma resuelve un bloqueo generado en 2025, cuando las exigencias aplicables al contrato de relevo resultaron difíciles de cumplir dentro de la Administración.

Podemos, sin cuestionar directamente la recuperación de la jubilación parcial, ha condicionado su respaldo a que el Gobierno incorpore una solución para estabilizar a cientos de miles de empleados públicos interinos. La formación reclama convertir en fijos a cerca de 900.000 trabajadores temporales y ha pedido retirar el decreto para presentar otro más amplio.

El resultado dependerá de que los grupos separen el contenido específico del decreto de otras reivindicaciones pendientes sobre el empleo público. Si no consigue la convalidación, la norma dejará de estar vigente y las administraciones perderán el mecanismo diseñado para contratar relevistas temporales.

La senda de déficit llega condenada a un segundo rechazo

El Gobierno vuelve a presentar exactamente los mismos objetivos de estabilidad presupuestaria que el Congreso rechazó el 14 de julio por 178 votos en contra, 167 a favor y cinco abstenciones.

PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra, mientras que Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó se abstuvieron. Ninguna de estas formaciones ha anunciado un cambio que permita anticipar un resultado diferente.

La senda fija un déficit conjunto del 1,8% del PIB en 2027, del 1,6% en 2028 y del 1,5% en 2029. La Administración central asumiría la mayor parte, con objetivos del 1,5%, el 1,4% y el 1,3%, respectivamente.

Las comunidades autónomas dispondrían de un margen de déficit del 0,1% durante los tres ejercicios, equivalente, según Hacienda, a 5.849 millones de euros adicionales. Los ayuntamientos tendrían que mantenerse en equilibrio, mientras que la Seguridad Social asumiría un déficit del 0,2% en 2027 y del 0,1% durante los dos años siguientes.

Un techo de gasto récord que no se vota

La senda acompaña a un techo de gasto nacional de 226.032 millones de euros para 2027, un 6,6% más que en 2026 y el más elevado aprobado hasta ahora por el Consejo de Ministros. Este límite no financiero no se somete a votación parlamentaria, aunque constituye la referencia para elaborar el proyecto presupuestario.

La regla de gasto quedaría fijada en el 4% para 2027, el 3,8% para 2028 y el 3,6% para 2029. El Gobierno prevé además reducir la deuda pública desde el 97,6% del PIB en 2027 hasta el 95,3% en 2029.

PP y los gobiernos autonómicos que dirige consideran insuficiente el margen concedido a las comunidades. Junts sostiene que el reparto perjudica a Cataluña, mientras Podemos ha reclamado mayor capacidad de gasto social.

¿Puede haber Presupuestos si vuelve a fracasar?

El Gobierno sostiene que un segundo rechazo no le impedirá presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y mantiene su intención de llevar las cuentas de 2027 al Congreso en otoño. Hacienda podría elaborar el proyecto utilizando una referencia fiscal más restrictiva y compatible con los compromisos europeos.

Sin embargo, la legislación no regula con completa claridad una segunda derrota de los mismos objetivos de estabilidad, lo que abre un escenario poco explorado y susceptible de generar debate jurídico y político.

El mayor obstáculo no será únicamente técnico. Los mismos partidos que impiden aprobar la senda tendrían que respaldar posteriormente el proyecto presupuestario, una negociación mucho más amplia que incluirá impuestos, inversiones, financiación territorial y políticas sociales.