El Gobierno de España ha decidido presentar a Yolanda Díaz como candidata a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo, la agencia de Naciones Unidas dedicada a promover los derechos laborales, el empleo digno, la protección social y el diálogo entre gobiernos, trabajadores y empresas.

 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo afronta así el mayor salto internacional de su trayectoria política. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer y la primera representante española que dirige la OIT desde su fundación en 1919.

 

La candidatura no debe confundirse con una Presidencia de la organización. Díaz aspira a ocupar la Dirección General, el máximo puesto ejecutivo de la OIT y el encargado de gestionar su actividad, impulsar su programa internacional y representar institucionalmente al organismo.

 

El anuncio llega después de que la dirigente gallega confirmara que no será candidata a la Presidencia del Gobierno, que no concurrirá en las listas de las próximas elecciones generales y que abandonará su escaño cuando termine la legislatura. La carrera por la OIT abre así una posible salida internacional para una de las figuras más relevantes de los gobiernos de coalición presididos por Pedro Sánchez.

 

Sánchez reivindica su capacidad de diálogo

 

El presidente del Gobierno ha presentado la candidatura como un reconocimiento a la trayectoria de Díaz al frente del Ministerio de Trabajo.

 

Pedro Sánchez ha destacado su compromiso con los derechos laborales, la justicia social y el diálogo entre sindicatos y empresarios, y ha señalado que su experiencia y “vocación de consenso” la convierten en una candidata adecuada para dirigir la organización.

 

La Moncloa atribuye a Díaz 30 acuerdos alcanzados mediante el diálogo social durante su etapa en el Gobierno. Entre los principales argumentos de la candidatura española figuran la reforma laboral pactada con sindicatos y organizaciones empresariales, las sucesivas subidas del salario mínimo y la legislación sobre los trabajadores de plataformas digitales. “Por primera vez, una mujer y nuestro país estarían al frente” de esta institución, ha defendido Sánchez al comunicar la decisión.

 

Díaz, por su parte, ha definido la OIT como “la casa común del trabajo en el mundo” y ha asegurado que asume la candidatura con el objetivo de representar a España, Europa, el Sur global y al conjunto de la comunidad internacional.

 

Una elección que se decidirá en 56 votos

 

El Gobierno ha anunciado su intención de presentar a Díaz, pero la candidatura deberá completar ahora el procedimiento formal previsto por la OIT. El plazo para entregar las nominaciones permanecerá abierto hasta el 31 de agosto.

 

Los candidatos participarán el 23 de septiembre en un acto público en el que expondrán sus propuestas. Posteriormente, el Consejo de Administración celebrará las audiencias privadas el 9 de noviembre y elegirá al nuevo director general mediante votación secreta el día 16.

 

La decisión estará en manos de los 56 miembros titulares del Consejo de Administración: 28 representantes de gobiernos, 14 de organizaciones empresariales y otros 14 de los trabajadores. Ningún bloque puede imponer por sí solo al candidato, por lo que Díaz necesitará construir una mayoría internacional que atraviese los tres pilares de la organización.

 

Esta composición convierte la candidatura en algo más complejo que una negociación diplomática tradicional. España deberá conseguir el respaldo de distintos gobiernos, pero también convencer a representantes sindicales y empresariales con intereses, procedencias y posiciones políticas muy diferentes.

 

El organismo cuenta con 187 Estados miembros y es la única agencia de Naciones Unidas gobernada conjuntamente por administraciones públicas, empresarios y sindicatos.

 

Gilbert Houngbo parte como principal rival

 

El principal adversario de Yolanda Díaz será el actual director general, Gilbert F. Houngbo, cuya candidatura para continuar al frente de la OIT ya aparece formalmente publicada por la organización.

 

Houngbo, exprimer ministro de Togo y expresidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, fue elegido en marzo de 2022 y se convirtió en el primer africano en dirigir la institución. Su mandato comenzó en octubre de aquel año y concluye el 30 de septiembre de 2027.

 

En el momento del anuncio español, Houngbo era el único candidato incluido en la página oficial del proceso electoral. La documentación de Díaz tendrá que ser presentada y validada antes de que su nombre sea incorporado formalmente por la OIT.

 

El actual director aspira a un segundo mandato y parte con la ventaja que ofrece ocupar el cargo, conocer internamente la organización y mantener relaciones con los gobiernos y agentes sociales que participarán en la votación.

 

La candidatura española intentará plantear una alternativa basada en una mayor capacidad normativa de la OIT, la defensa del multilateralismo y una respuesta más ambiciosa ante la inteligencia artificial, la transición ecológica y el trabajo en las plataformas digitales.

 

Los sindicatos negaron haber impulsado la candidatura

 

CCOO y UGT todavía no habían promovido públicamente la candidatura cuando comenzaron a circular las primeras informaciones sobre el posible salto internacional de Díaz.

 

En junio, los dirigentes de ambas organizaciones negaron expresamente haberle pedido que se presentara. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, aclaró que los sindicatos españoles no habían propuesto a ninguna persona y recordó que corresponde a los gobiernos presentar las candidaturas.

 

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, insistió igualmente en que ni siquiera las organizaciones sindicales presentes en el Consejo de Administración tienen capacidad para registrar candidatos directamente.

 

Los dos dirigentes sí manifestaron entonces su preocupación por la situación de la OIT y por el debilitamiento de las instituciones multilaterales. Sordo alertó del efecto de las políticas de países que pretenden “dinamitar” el multilateralismo, mientras Álvarez reclamó colocar el debate institucional dentro de sus cauces formales.

 

La aclaración resulta relevante porque algunas informaciones habían presentado la candidatura de Díaz como una iniciativa nacida directamente de CCOO y UGT. Los sindicatos desmintieron esa interpretación, aunque su relación con la ministra y los acuerdos laborales alcanzados durante los últimos años pueden facilitarle apoyos dentro del bloque de trabajadores.

 

No obstante, esos 14 votos no pertenecen a los sindicatos españoles, sino a representantes internacionales elegidos para formar parte del Consejo de Administración. El respaldo de CCOO y UGT podría ayudar políticamente, pero no garantiza la posición del conjunto del grupo sindical.

 

El bloque empresarial, el terreno más complicado

 

El principal desafío de Díaz podría encontrarse entre los 14 representantes de las organizaciones empresariales. Fuentes conocedoras del funcionamiento de la OIT consideran que la candidata española puede recibir una acogida favorable de una parte importante del bloque sindical, pero anticipan mayores dificultades entre los empresarios por sus diferencias con la patronal durante los últimos años.

 

La reforma laboral de 2021 sí fue acordada con CEOE, Cepyme, CCOO y UGT. Sin embargo, la relación entre Trabajo y las organizaciones empresariales se ha deteriorado posteriormente por asuntos como las subidas del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral, el registro horario o determinadas reformas de prevención de riesgos laborales.

 

Esto no significa que los 14 representantes empresariales vayan a actuar como un bloque homogéneo ni que reproduzcan automáticamente la posición de CEOE. La votación es secreta y sus miembros proceden de diferentes países y organizaciones.

 

El resultado dependerá probablemente de los 28 representantes gubernamentales. Díaz deberá buscar apoyos entre los países europeos, América Latina, Asia y África sin que la candidatura sea percibida únicamente como una propuesta española o vinculada a una corriente política concreta.

 

El PP habla de una salida pactada

 

La oposición española ha interpretado la candidatura desde una perspectiva muy distinta a la del Gobierno. El PP ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar la OIT para ofrecer a Díaz una salida política y recompensar su permanencia en el Ejecutivo. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que “el silencio cotiza más que la gestión”, mientras el secretario general del partido, Miguel Tellado, ha relacionado la candidatura con el respaldo de Sumar al presidente.

 

Tellado sostiene que Sánchez ha buscado para la vicepresidenta una salida “jugosa económicamente” y ha vinculado el anuncio con la posición de Díaz ante los casos de presunta corrupción que afectan al entorno socialista. Se trata de una acusación política del PP, no de un hecho acreditado sobre las razones de la candidatura.

 

Los populares ya habían criticado semanas antes la posibilidad de que Díaz aspirara a un organismo internacional y habían cuestionado los viajes realizados por la ministra para reforzar su presencia exterior.

 

Pablo Iglesias carga contra su antigua aliada

 

Las críticas no han llegado únicamente desde la derecha. El exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado a Sánchez de premiar a Díaz “por los servicios prestados”. Iglesias ha ironizado con que la ministra se convertirá en la afiliada de CCOO “mejor pagada de la historia” y ha presentado el cargo como una recompensa para abandonar la primera línea de la política española.

 

Sus declaraciones reflejan la ruptura política y personal entre Díaz y el antiguo liderazgo de Podemos. Iglesias fue uno de sus principales impulsores cuando dejó el Gobierno en 2021, pero posteriormente se convirtió en uno de sus críticos más duros tras la creación de Sumar y la salida de Podemos de aquel espacio.

 

Una candidatura preparada desde Ginebra

 

Aunque la propuesta no se ha anunciado hasta ahora, Yolanda Díaz ya dejó claras en junio algunas de las ideas que podrían estructurar su programa.

 

Durante la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, la vicepresidenta aseguró que el mandato de la OIT se encuentra “en crisis” y reclamó que la organización no renuncie a sus valores fundacionales como respuesta a sus dificultades financieras.

 

Díaz defendió entonces que una OIT sin normas laborales fuertes perdería su capacidad para intervenir ante los cambios tecnológicos y medioambientales. También pidió situar a las personas en el centro de la regulación de la inteligencia artificial y afirmó que la productividad y la sostenibilidad empresarial deben abordarse desde una perspectiva humanista.

 

Su discurso incluyó cinco grandes prioridades: fortalecer el diálogo social, preservar la función normativa del organismo, regular el impacto laboral de la inteligencia artificial, impulsar empresas sostenibles y avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres.

 

Estas posiciones anticipan una candidatura de marcado perfil laboral y sindical, pero Díaz tendrá que demostrar también su capacidad para representar a los empresarios y construir consensos entre países con modelos económicos y políticos muy distintos.

 

España juega la carta de su trayectoria laboral

 

El Gobierno utilizará como respaldo la elevada vinculación histórica de España con la institución. El país ha ratificado 141 convenios y un protocolo de la OIT, aunque no todos permanecen actualmente en vigor.

 

La Moncloa sostiene que España es el Estado que más convenios de la organización ha ratificado y presenta esa trayectoria como una prueba de compromiso con las normas internacionales del trabajo. A ello se suma la experiencia de Díaz como abogada laboralista, diputada, ministra de Trabajo desde 2020 y responsable política de una reforma laboral que consiguió un acuerdo poco habitual entre el Gobierno, las patronales y los principales sindicatos.

 

Sus detractores señalan, por el contrario, el deterioro posterior del diálogo con CEOE y las dificultades del Ministerio para aprobar algunas de sus reformas más ambiciosas en el Congreso.

 

Podría continuar en el Gobierno hasta 2027

 

La elección se celebrará en noviembre de 2026, pero el nuevo director general no tomará posesión hasta el 1 de octubre de 2027. Por tanto, una eventual victoria no obligaría a Díaz a abandonar inmediatamente la Vicepresidencia ni el Ministerio de Trabajo.

 

Ese calendario permite que continúe en el Gobierno hasta el final de la legislatura o hasta que Pedro Sánchez decida realizar una remodelación del Ejecutivo. Díaz ya ha descartado participar en las siguientes elecciones generales, por lo que el mandato internacional encajaría temporalmente con su retirada anunciada de la primera línea parlamentaria.

 

El puesto tendría una duración inicial de cinco años. Su futuro dependerá ahora de una campaña diplomática que España deberá desarrollar durante el verano y el otoño, con el objetivo de convertir una candidatura nacional en una mayoría tripartita.