El PSRM-PSOE ha dado un paso más en su ofensiva por la gestión del servicio de emergencias regional y ha trasladado a la Fiscalía la situación en la que se encuentra el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia. Según ha expuesto el diputado socialista Fernando Moreno, la medida se toma al considerar que la falta de recursos pone en riesgo la seguridad tanto de la población como de los propios efectivos.

Moreno ha vuelto a denunciar la escasez de medios humanos y materiales que arrastra el consorcio, asegurando que en la misma jornada de hoy "faltan siete bomberos en los 15 parques de la Región".

"Una obligación moral" tras agotar la vía institucional

El parlamentario autonómico ha justificado la decisión judicial al señalar que el grupo socialista ya ha agotado los mecanismos institucionales a su alcance en la Asamblea Regional y en los consistorios, donde han solicitado repetidamente la dimisión del consejero de Presidencia y Emergencias, Marcos Ortuño.

"Nos hemos visto en la obligación moral de acudir a la Fiscalía y que sea esta quien valore lo que a nuestro juicio es una verdadera negligencia. No se trata de generar alarma ni de oportunismo político; es un acto de responsabilidad ante la inseguridad que se sufre por culpa de una gestión incompetente", ha remarcado Moreno.

El diputado ha insistido en que el Gobierno de Fernando López Miras "da la espalda a las reclamaciones" de los bomberos y desacredita los informes emitidos por los propios mandos del CEIS, en los que estos advierten de que no se puede garantizar la seguridad en las condiciones actuales.

Desde la formación socialista sostienen que existen más de 1.000 incidencias acumuladas sin resolver en el Consorcio. En palabras del diputado, "el Gobierno de López Miras es parte del combustible de cualquier incendio que suceda en la Región de Murcia".

Asimismo, Moreno ha recordado la posición expresada por el secretario general del PSRM, Francisco Lucas, subrayando que el objetivo final de esta acción penal es evitar que la inacción del Ejecutivo autonómico "derive en un mal mayor que pueda costar la vida de cualquier ciudadano o de los propios bomberos".