El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por segunda vez la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno. El documento, que fija los límites de déficit y deuda de las Administraciones Públicas y sirve de pilar para la elaboración de las cuentas públicas, no ha logrado superar la mayoría parlamentaria tras repetir el mismo resultado de la votación anterior.

Pese a este nuevo revés en la Cámara Baja, el Ministerio de Hacienda, dirigido por Arcadi España, ha confirmado su intención de mantener el calendario y presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2027, un hito con el que busca poner fin a tres ejercicios consecutivos de prórroga presupuestaria.

El texto rechazado por la Cámara proponía un objetivo de déficit global del 1,8% del PIB para 2027, con el siguiente desglose por administraciones:

• Administración central: 1,5% del PIB.

• Seguridad Social: 0,2% del PIB.

• Comunidades Autónomas: 0,1% del PIB (equivalente a 5.849 millones de euros de margen en tres años).

• Entidades Locales: Cero déficit (equilibrio presupuestario).

Al no haber prosperado la senda, el Ejecutivo sostiene que la referencia de déficit acordada con la Unión Europea en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo sigue vigente, pero el reparto interno cambia de forma automática. De este modo, las comunidades autónomas pasarían de contar con una décima de margen (0,1%) a estar obligadas a cumplir con el principio de equilibrio presupuestario (0%), absorbiendo la Administración central esa décima de margen.

Un choque interpretativo en "terreno desconocido"

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estipula que, tras un primer rechazo parlamentario, el Gobierno dispone de un mes para presentar una propuesta alternativa. Sin embargo, la legislación no regula de forma expresa el escenario posterior ante un segundo rechazo.

Para sortear este vacío legal, el Ministerio de Hacienda argumenta que la obligación constitucional de tramitar unas cuentas públicas prevalece sobre la falta de acuerdo parlamentario en la senda. El departamento de Arcadi España se respalda en un informe de la Abogacía del Estado que avala la continuidad del procedimiento presupuestario tomando como base las referencias fiscales comunicadas a Bruselas.