El fuego que hoy arrasa montes, explotaciones y pueblos también retrata una forma de gobernar el territorio: mucha reacción cuando llegan las llamas y demasiado poco trabajo durante los meses en que todavía se pueden evitar. Recuperar el campo, el pastoreo y la gestión forestal no es nostalgia. Es seguridad, empleo y economía. Los incendios se apagan en invierno, como dicen los que saben de verdad. 

Hay una frase que los bomberos forestales repiten desde hace años y que volvemos a recordar cuando ya es demasiado tarde: los incendios se apagan en invierno. Se apagan cuando se limpia un camino, se mantiene un cortafuegos, se aclara una masa forestal demasiado densa, se retira o aprovecha la biomasa, pasta un rebaño y hay vecinos viviendo, trabajando y observando el territorio.

Después llega julio, el monte está seco, sopla el viento y el país descubre de nuevo que ningún hidroavión puede compensar décadas de abandono.

España atraviesa una campaña durísima. A 24 de julio, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios

Forestales, EFFIS, estimaba en torno a 129.500 hectáreas quemadas desde comienzos de año. Es una cifra provisional, calculada mediante imágenes de satélite, y por eso puede diferir de la estadística oficial que el Ministerio para la Transición Ecológica elabora con los partes de las comunidades autónomas y publica con más retraso. Sirve, en todo caso, para entender la dimensión del golpe. En apenas dos semanas la superficie afectada prácticamente se duplicó.

Detrás del número están La Mierla, en Guadalajara; Burgohondo, en Ávila; San Martín de Valdeiglesias y otros municipios de Madrid; Aliste, en Zamora; Almorox, en Toledo; y tantos puntos del país donde miles de personas han tenido que ser evacuadas o confinadas. Hay casas, cosechas, colmenas, pastos, ganado, negocios y recuerdos bajo las cenizas. Hay profesionales jugándose la vida. Hay pueblos que perderán durante años una parte de su actividad económica, de su atractivo turístico y de su capacidad para retener población. Soy de Guadalajara y también de la Sierra de Gredos, y sufro muy profundamente el fuego. El sonido de las campanas de la iglesia, batiendo veloces nos ha inquietado muchas veces en mi pueblo familiar, Arenas de San Pedro, "siempre incendiada y siempre fiel". 

El calor extremo, la sequedad prolongada, la baja humedad y el viento explican por qué un fuego puede adquirir hoy una violencia extraordinaria. El cambio climático amplía las temporadas de riesgo y favorece condiciones más severas. Pero el clima no enciende por sí solo la mayoría de los incendios ni determina, por sí solo, que una llama termine convertida en una catástrofe. Para que el fuego corra necesita combustible, continuidad y un paisaje vulnerable. Y está en nuestras manos que esto no suceda. 

El investigador del CSIC Javier Madrigal lo resume con dos factores que se potencian entre sí: el abandono rural aumenta la superficie forestal susceptible de arder en grandes incendios y el cambio climático agrava las condiciones en las que esos incendios se desarrollan. Cuando desaparecen los cultivos, el ganado, las podas, la recogida de leña y los aprovechamientos forestales, el paisaje en mosaico se va cerrando. La vegetación ocupa los espacios abandonados, el combustible se acumula y las llamas encuentran continuidad para avanzar.

Esto no significa que haya que “limpiar” cada rincón del monte como si fuera un jardín. Un bosque vivo necesita madera muerta, matorral y procesos naturales. La gestión seria consiste en decidir dónde y cómo actuar: alrededor de los pueblos y las viviendas, en infraestructuras críticas, caminos y puntos de acceso; en áreas estratégicas para frenar el avance del fuego; y en paisajes donde conviene recuperar cultivos, pastos, dehesas, aprovechamientos forestales y discontinuidades. No se trata de arrasar vegetación, sino de gestionar combustible con criterio técnico. Parece mentira que a estas alturas estemos así en España, que ha vivido siempre de lo que su tierra le ha dado, que cuenta con una riqueza envidiable de agricultura y ganadería. Es de necios no ser sabios y ágiles en su cuidado. ¿Cómo podemos estar así?

Tampoco podemos seguir tratando a ganaderos, agricultores y vecinos como una molestia dentro del territorio que llevan generaciones cuidando. La ganadería extensiva presta un servicio público aunque demasiadas veces se remunere mal o ni siquiera se reconozca. Ovejas, cabras y vacas reducen biomasa, mantienen áreas abiertas y ayudan a conservar cortafuegos. El propio Ministerio ha defendido la importancia ecológica, económica y social del pastoreo, y la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 pide ampliar las sinergias entre ganadería extensiva, prevención de incendios, paisaje y biodiversidad. No entiendo, repito, cómo somos tan absolutamente estúpidos en este país, al no potenciar al máximo nuestros mayores patrimonios, que están enraizados en los territorios, en lo que nos ha dado de comer y ofrece productos de una calidad inigualable. ¿Cómo es posible que no lo cuidemos?

La Unión Europea también ha identificado el pastoreo, la trashumancia y la gestión de los pastizales como herramientas todavía infrautilizadas para reducir la acumulación de vegetación y crear paisajes más resistentes al fuego. Hay experiencias españolas que demuestran que funciona. Las redes de áreas pasto-cortafuegos de Andalucía, los rebaños preventivos de Madrid, el programa Ramats de Foc en Cataluña o Gran Canaria Mosaico convierten una necesidad ambiental en actividad económica rural. Vea, si puede, el documental: "Ganado o desierto", porque aprenderá mucho y entenderá muchas cosas. 

Y, sin embargo, quienes trabajan con ganado se encuentran con explotaciones poco rentables, falta de relevo generacional, costes crecientes, burocracia, autorizaciones dispersas, problemas sanitarios y dificultades reales para mover los rebaños. Muchas vías pecuarias están ocupadas, cortadas, deterioradas o mal señalizadas, aunque la Ley estatal las define precisamente como rutas destinadas tradicionalmente al tránsito ganadero y varias normas autonómicas declaran ese tránsito prioritario, libre y gratuito.

Conviene afinar la denuncia. El problema no es que en España exista una prohibición general de pastar o transitar con ganado por los caminos. No existe. Hay limitaciones justificadas por sanidad animal, protección de determinados hábitats, propiedad, seguridad o riesgo extremo de incendio, y hay regulaciones diferentes según el territorio y la época. El problema surge cuando la acumulación de trámites, la falta de mantenimiento de las vías pecuarias, la ausencia de acuerdos con propietarios y administraciones y una regulación pensada lejos del terreno terminan haciendo inviable una actividad que todos elogian después de la catástrofe.

También merece revisión la relación de la Administración con los vecinos. Durante generaciones se aprovecharon leñas, restos, pastos y otros recursos del monte. Hoy muchas personas encuentran incertidumbre sobre qué pueden retirar, cuándo y con qué permiso. Parte de esas cautelas es necesaria: una actuación improvisada puede dañar el suelo, eliminar hábitats, facilitar plagas o provocar el incendio que se quería evitar. La salida sensata no consiste en dejar hacer cualquier cosa ni en expulsar a la población del monte. Consiste en ofrecer planes claros, autorizaciones ágiles, asesoramiento técnico, seguros, formación y convenios de custodia que permitan colaborar sin convertir cada iniciativa en una carrera de obstáculos.

Hay además una oportunidad laboral que España está desaprovechando. Miles de personas necesitan empleo y miles de municipios necesitan trabajos estables de prevención. Podemos crear cuadrillas profesionalizadas durante todo el año para desbroces selectivos, clareos, poda, conservación de caminos y puntos de agua, mantenimiento de franjas de seguridad, vigilancia, restauración y aprovechamiento de biomasa. Empleo local, con formación forestal, convenios dignos y continuidad. No peones contratados unas semanas para una foto, sino profesionales que conozcan el territorio y acumulen experiencia. Sería una bonita manera de repoblar las zonas rurales abandonadas, dar seguridad a familias, y potenciar la vida en estos lugares. Recuperar escuelas rurales, centros médicos, y en definitiva, vida. El mundo rural está absolutamente abandonado y es fundamental que España lo recupere ya. Ofrece ahora mismo unas condiciones de vida maravillosas si se sabe apreciar y potenciar lo esencial: carreteras, infraestructuras, escuelas, centros de salud y buenas conexiones de internet para poder trabajar desde casa, al tiempo que se puede compaginar con trabajos en el campo. Una opción de vida para nuestros jóvenes que no pueden pagarse una vivienda en casi ningún sitio, salvo en un entorno rural. No van porque no hay trabajo, y como nadie va, nadie se queda, se forma un círculo infernal que ha llevado al abandono de montes y campos. 

La prevención no sustituye a la extinción. La hace posible. España dispone de equipos extraordinarios y una gran capacidad para apagar la inmensa mayoría de los conatos. Precisamente por eso resulta tan preocupante el crecimiento de los grandes incendios que, bajo condiciones extremas, pueden superar la capacidad de cualquier dispositivo. Se pueden comprar más aviones; no se puede prometer que un avión volará entre humo, viento y columnas convectivas imposibles. La seguridad de los equipos también obliga a aceptar que hay momentos en los que el fuego no se puede atacar de frente.

La inversión debe cambiar de calendario. El objetivo oficial de la Estrategia Forestal Española es que, en 2050, el gasto de extinción no represente más del 15% de la inversión forestal total. Es una manera de admitir que el desequilibrio actual no es sostenible. Los cálculos sobre cuánto “ahorra” cada euro preventivo varían mucho y algunas cifras repetidas estos días carecen de una metodología pública comparable. No hace falta inflarlas. Mantener una hectárea mediante pastoreo dirigido puede resultar mucho más barato que desbrozarla mecánicamente, y cualquiera de esas actuaciones cuesta una fracción de movilizar brigadas, maquinaria y medios aéreos, restaurar después el terreno y compensar las pérdidas.

Además, el coste de un incendio no termina con el último rescoldo. Incluye la emergencia, los daños en viviendas e infraestructuras, la pérdida de madera, cultivos y animales, la interrupción de carreteras y negocios, la caída del turismo, la erosión del suelo, la contaminación del agua, las emisiones, la restauración y los efectos sobre la salud física y emocional. Una parte ni siquiera aparece en la contabilidad: ¿cuánto vale que una familia abandone definitivamente un pueblo porque ha perdido su explotación? ¿Cuánto cuesta recuperar la confianza de quien ha visto acercarse el fuego sin una salida clara?

Resulta tan oportuno Ladrones de fuego, el documental de Metáfora Visual dirigido por Francisco José Vaquero Robustillo. La película escucha a vecinos, ganaderos, bomberos forestales y pueblos que han vivido el fuego. Aborda sus consecuencias sociales, ambientales y económicas, la desaparición de los usos tradicionales y la idea central que tantas veces queda fuera del relato urbano: el paisaje que admiramos no apareció solo; durante siglos hubo personas moldeándolo, aprovechándolo y cuidándolo.

Su valor está en devolver la voz a quienes suelen salir en pantalla únicamente cuando evacúan su casa. Mirar este documental no obliga a compartir cada una de sus tesis. Obliga a escuchar una experiencia que las políticas públicas no pueden seguir tratando como folclore. El tráiler oficial puede verse en la web de Metáfora Visual y en Vimeo.

La gira anunciada para julio y agosto lleva la película, con presentación y coloquio de su director, a Las Regueras, Candamo, Grado e Illas, en Asturias; Cervera de Pisuerga, en Palencia; El Astillero, en Cantabria; Nigrán y Agolada, en Pontevedra; Gestoso, Matachana, Filiel, Santibáñez de la Isla, Astorga, Cistierna, Las Médulas y Villablino, en León; Robleda, en Zamora; y Cabeza del Buey, en Badajoz. El estreno oficial en cines está anunciado para el 7 de agosto en el Cine Velasco de Astorga.

El país necesita un pacto que no se limite a comprar medios cuando el humo ya tapa el cielo. Un pacto rural y forestal con financiación plurianual, objetivos medibles y cuentas públicas; que pague por los servicios ambientales de la ganadería extensiva; recupere vías pecuarias; apoye cooperativas y pequeñas empresas de biomasa, madera, resina y pastoreo; facilite el cuidado vecinal bajo dirección técnica; estabilice a los profesionales forestales; y convierta la prevención en una política de empleo y de protección civil.

No podemos exigir pueblos vivos mientras hacemos imposible vivir de ellos. Tampoco podemos abandonar el monte once meses y pedir heroísmo en agosto. Cada hectárea gestionada, cada rebaño que permanece y cada trabajador que conoce un camino son parte del dispositivo contra incendios.

España no necesita más homenajes tardíos al mundo rural. Necesita confiar en él, invertir en él y dejarlo trabajar antes de que vuelva a arder.