El Consejo de Ministros aprobará este martes, 28 de julio, un nuevo real decreto ley en materia de vivienda que incluye un ambicioso paquete de medidas acordado entre el PSOE y Sumar. Con este texto, el Ejecutivo pretende sentar las bases de un "gran acuerdo" en el Congreso de los Diputados que permita abordar la crisis de accesibilidad al mercado inmobiliario mediante propuestas consensuadas con diversas fuerzas parlamentarias a lo largo de la legislatura.

El documento normativo se vertebra en dos bloques fundamentales. El primero de ellos está enfocado en contener los precios, dotar de mayor estabilidad a los inquilinos y combatir el fraude. Entre sus principales novedades destaca la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la obligatoriedad de formalizar todos los contratos por escrito y la articulación de bonificaciones en el IRPF para los propietarios que decidan rebajar las rentas.

En este primer bloque se contempla además una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento por un periodo de hasta dos años. Esta medida reforzada podrá ser solicitada por aquellos inquilinos cuyos contratos venzan antes del 30 de junio de 2028. Según las estimaciones de Sumar, el impacto total de las prórrogas —contabilizadas desde marzo de 2026 hasta mediados de 2028— alcanzará a casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares.

El segundo bloque del decreto ley tiene como meta prioritaria la movilización de vivienda asequible. Para ello, el texto fija un incremento del IVA hasta el 21% para los pisos turísticos, introduce mecanismos de agilidad administrativa y contempla la reforma de la ley del suelo. Asimismo, el Ejecutivo propondrá negociar con los grupos parlamentarios nuevas herramientas de protección para familias en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de evitar desahucios y garantizar alternativas habitacionales sin dejar a ningún colectivo desamparado.